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El proceso parlamentario para reforma de la ley de Protección del Mar Menor arranca mañana en la Asamblea Regional con las comparecencias de los ... representantes de las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA, que se guiarán con la misma de ruta para reclamar cambios en 20 artículos y disposiciones de la normativa, que a su vez contienen numerosos apartados, con el propósito de suavizar las restricciones para la actividad agrícola y ganadera en el Campo de Cartagena. A instancias del PP y Vox, por la Comisión de Asuntos Generales pasarán representantes de más de 60 organizaciones, científicos, ecologistas y políticos que harán sus aportaciones para reformar la normativa aprobada hace dos años.
COAG, Asaja y UPA sostienen que hay que redefinir, modificar o derogar determinados puntos referidos a la actividad dentro de la franja de 1.500 metros, la medición de nitrógeno y fósforo, las barreras vegetales, el número de ciclos de cultivo, la limitación de fertilizantes orgánicos, y la rebaja de las cuantías de las sanciones. También piden ayuda económica para contratar operadores agroambientales; a la vez que reclaman que la obligación de impermeabilizar artificialmente los depósitos de deyecciones ganaderas no afecte a las granjas que iniciaron el trámite ambiental antes de que se aprobara la ley.
Los representantes agrarios subrayan que harán valer en la Comisión estos cambios, recogidos en el documento conjunto que suscribieron en abril con Proexport y Fecoam, el cual entregaron al Gobierno regional, y que contiene sus observaciones y propuestas para cambiar «los puntos que se han identificado como altamente lesivos para la actividad agrícola, tratando de ayudar al legislador a identificar con claridad qué aspectos generan grave controversia por su falta de concreción o por la inseguridad jurídica que causa a agricultores y empresas».
Los equipos técnicos de las organizaciones agrarias se reunieron ayer para actualizar las propuestas sobre las medidas que consideran «excesivamente restrictivas» para la actividad agrícola, sin que estas aporten mayor protección ambiental al Mar Menor y al acuífero, argumentan. José Miguel Marín, presidente regional de COAG, destaca que el documento firmado por las cinco organizaciones «será la hoja de ruta» de las comparecencias, el cual están actualizando con información de los últimos meses. Marín será el primero en comparecer a partir de las 9.30 horas, seguido por Alfonso Gálvez, director general de Asaja, quien incide en que los técnicos están perfilando «las cuestiones agronómicas para afinar al máximo en una regulación que no limite las posibilidades de la actividad agrícola y ganadera de la zona».
PRINCIPALES ARTÍCULOS QUE PRETENDEN MODIFICAR
Artículo 29 Franja de 1.500 metros. Solicitan que haya menos reserva de suelo en las parcelas de secano (el 5%), que se permita el uso de la biosolarización contra las plagas, y que se autoricen nuevos invernaderos para cultivos hidropónicos.
Artículo 32 Monitorización de riego. Advierten de que actualmente no hay sensores de medición de nitrógeno y fósforo.
Artículo 36 Estructuras vegetales. Que no sea obligatorio implantarlas si ya existen barreras vegetales naturales. Piden excluir los invernaderos.
Artículo 38 Erosión del suelo. Proponen que las operaciones de cultivo sigan las curvas de nivel en terrenos cuya pendiente sea mayor al 2%.
Artículo 39 Limitación de ciclos de cultivo. Piden que en los invernaderos se pueden realizar hasta cuatro ciclos anuales. La ley fija de 2 a 3 según el cultivo.
Artículo 40 Limitaciones en el uso de fertilizantes minerales. Proponen variar algunos porcentajes y condiciones de abonado mineral, y que se subsanen los errores de la calculadora de nitrógeno.
Artículo 41 Recogida de aguas de invernaderos. Piden que queden exentos los que tengan una superficie inferior a 0,5 hectáreas.
Artículo 42 Limitación de materiales orgánicos para fertilización. Solicitan eliminar la obligatoriedad de analizar algunos elementos. También quitar la prohibición de apilar estiércol durante más de 3 días, y que se tengan en cuenta las alertas por lluvias torrenciales.
Artículo 43 Manejo de restos de cultivo. Ampliar los plazos para retirar los restos cuando haya alerta meteorológica.
Artículo 46 Operadores agroambientales. Suprimir la obligatoriedad, excluir a las pequeñas explotaciones, y recibir ayuda económica para contratar dicho asesoramiento.
Artículo 51 Limitaciones adicionales al ciclo de cultivo. Proponen incluir especies de cereales que absorben nitrógeno.
Artículo 52 Limitaciones adicionales a la fertilización. Piden incluir la biosolarización.
Artículo 54 Medidas adicionales de actuación. Proponen eliminar la monitorización de nutrientes en tiempo real porque no hay sistemas fiables.
Artículo 81 Infracciones. Modificar algunas circunstancias para la consideración de las infracciones graves y muy graves, teniendo en cuenta el alcance de los daños ambientales o para la salud de las personas.
Artículo 83 Sanciones. Piden reducir las cuantías de las multas por infracciones, y modular las sanciones accesorias. También trasladar el régimen sancionador en materia de protección de aguas por nitratos a la normativa específica en esa materia.
Disposición Adicional 10 Entidades colaboradoras. Suprimir la obligatoriedad.
Disposición Transitoria 6 Impermeabilidad artificial de los sistemas de almacenamiento de deyecciones. Eliminar la obligatoriedad para las explotaciones que pidieron autorización ambiental antes de la ley.
La primera sesión la cerrará el secretario general de UPA, Marcos Alarcón, para quien el documento que manejan «tiene detrás un trabajo técnico muy sólido». «No supone en modo alguno rebajar la ambición de recuperar y proteger el Mar Menor. Debemos plantearle a la Comisión una alternativa a la ley que tiene un elevado consenso social y profesional en el conjunto del sector».
En lo que respecta a la actividad ganadera, principalmente las granjas de porcino, proponen que las explotaciones que iniciaron el trámite de autorización ambiental antes de que entrara en vigor la ley del Mar Menor, queden exentas de la obligación de impermeabilizar artificialmente los sistemas de almacenamiento de deyecciones. Las organizaciones agrarias no han cuantificado el número. Proponen que sigan los expedientes de regularización que ya estaban iniciados conforme a las normas vigentes entonces, que incluyen informes técnicos sobre la estanqueidad de los depósitos de deyecciones, explica Marcos Alarcón.
TESTIMONIOS
Marcos Alarcón. Sec General UPA «Nuestra propuesta no supone en ningún modo rebajar la ambición de recuperar y proteger el Mar Menor»
José Miguel Marín. Presidente COAG «Nuestra hoja de ruta es el documento firmado por las organizaciones agrarias, Proexport y Fecoam»
Alfonso Gálvez. Sec. general Asaja «Debemos afinar una regulación que no limite la actividad agrícola y ganadera»
El relación a los operadores agroambientales, proponen que las pequeñas explotaciones queden exentas, y que esta figura recogida en la ley no tenga carácter obligatorio. También piden que la Consejería ofrezca apoyo económico para contratar estas labores de asesoramiento.
En materia de sanciones, las organizaciones agrarias reclaman que se rebajen las cuantías en torno al 40%. La multa más pequeña quedaría en 600 euros, y la más alta en 300.000 (en la ley van de 2.000 a 500.000). Consideran asimismo que las barreras vegetales no deben ser obligatorias donde ya existan estructuras naturales.
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