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El Campo de Cartagena, Mar Menor y Lorca concentran las mayores bolsas de pobreza en una región marcada por profundas desigualdades sociales. Es una de las principales conclusiones que arroja un amplio estudio desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Murcia (UMU) y presentado este viernes por la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN). El impacto de la crisis está lejos de haber quedado atrás. A día de hoy, el 32% de la población de la Región de Murcia -es decir, más de 470.000 personas- se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, según la tasa Arope, un indicador usado en toda la Unión Europea que mide diferentes parámetros. En concreto, estos más de 470.000 murcianos disponen de rentas inferiores en un 60% a la media, sufren privación material severa (por ejemplo, no pueden pagar la hipoteca o mantener su vivienda a temperatura adecuada) o viven en hogares en los que todos o casi todos sus miembros están en paro.
En el Campo de Cartagena y Mar Menor, ese porcentaje de riesgo de pobreza llega al 36,3%, más de cuatro puntos por encima de la media regional. También la Vega Alta y Media (32,6%) y el Noroeste-Río Mula (32,3%) presentan altas tasas. Las bolsas de pobreza son menores en la huerta de Murcia (29,6%) y el Valle del Guadalentín (29,7%). Sin embargo, Lorca sobresale en esta comarca con unos índices mucho más altos de población en riesgo de exclusión: 35 de cada cien lorquinos se encuentran en esta precaria situación, según la tasa Arope.
El estudio revela importantes desigualdades sociales y también territoriales. Mientras en la ciudad de Cartagena el 33,8% de su población está en la pobreza o en peligro de caer en ella, en Molina de Segura el porcentaje es del 26,9%.
En definitiva, la Región mantiene, de acuerdo a esta investigación, una desigualdad estructural que sigue sin solucionarse y que se ha agravado con la crisis. No en vano, a día de hoy hay 118.000 murcianos en riesgo de pobreza más que en 2008, justo antes del inicio de la recesión económica. Eso sí, el estudio refleja una leve mejoría en el útimo año, con una reducción de dos puntos en la tasa Arope.
Hasta ahora, los únicos datos sobre pobreza en la Región provenían de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero el estudio presentado este viernes es mucho más ambicioso, con 2.500 entrevistas en toda la Región. Permite, por tanto, desagregar por comarcas y hacer un análisis mucho más exhaustivo, destacó Rosa Cano, presidenta de EAPN. «Es una herramienta que nos va a permitir poner en marcha las medidas del Pacto Regional contra la Pobreza», subrayó.
La exconsejera de Política Social, Violante Tomás, cuestionó en los últimos años que las tasas de exclusión en la Región fuesen tan altas como reflejaba el INE. Sin embargo, el macroestudio de la UMU y EAPN, realizado en colaboración con la Comunidad, viene a ratificar en lo esencial el diagnóstico de todos los informes conocidos hasta la fecha: la Región sufre mayores desigualdades y presenta peores indicadores que la media nacional.
La consejera de Igualdad y Política Social, Isabel Franco, se comprometió este viernes a desarrollar el Pacto contra la Pobreza, firmado por todos los partidos salvo Vox, en base a los resultados de este estudio. «Es una investigación muy completa que nos permite detectar las zonas donde hay que actuar, como Mar Menor y campo de Cartagena, que ahora además han sufrido los efectos de las inundaciones», subrayó Franco.
Las desigualdades no son solo territoriales. Los jóvenes, de hasta 29 años, lideran las tasas de riesgo de exclusión, junto con los mayores de 65 años. Así, cuatro de cada diez mujeres mayores de 65 años viven en la pobreza o su realidad es tan precaria que pueden caer en cualquier momento en esa situación. También la formación influye: seis de cada diez habitantes de la Región con estudios inferiores a Primaria están en riesgo de exclusión, mientras solo uno de cada diez graduados universitarios se hallan en esa situación.
Los parados representan uno de los colectivos más vulnerables, pero los autores advierten de que «el trabajo no es una garantía frente a la pobreza, lo que pone de manifiesto la baja calidad del empleo y la insuficiencia de los salarios para cubrir las necesidades básicas de las personas». En concreto, dos de cada diez personas ocupadas se encuentran en situación de riesgo de pobreza.
El estudio ha sido encabezado por Antonio Losa Carmona, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la UMU.
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