Manuel Pérezcarro: «Los cambios en el Gobierno regional están afectando de manera negativa»

–Han denunciado la «puñalada por la espalda» que les ha dado la Consejería con este tema. ¿Están encontrando predisposición para solucionar el conflicto?

–Nos está costando trabajo. La última intentona la tendremos hoy, aunque no sabemos lo que saldrá de ahí. Hemos estado en contacto con la consejera y hemos logrado mantener esta reunión. Pero, por lo que intuimos, no hay ninguna solución encima de la mesa.

–Lo que sí hay, según han denunciado, son intimidaciones y amenazas por parte de la Consejería a las empresas que han decidido protestar estos días con un cese de la actividad.

–Sí, esto es algo inaudito. Se mandaron cartas advirtiendo de que podrían rescindirse los contratos, y también se han recibido llamadas telefónicas en el mismo sentido. Nos tememos que se va a insistir en este tema durante la reunión. Es la primera vez en mi vida que veo unas discrepancias de este tipo, una decisión inamovible de un político ante unas demandas que creemos justas y razonables. No estamos pidiendo nada que sea ilegal ni abusivo. Las empresas de autobuses sobreviven en la Región de Murcia principalmente por el transporte escolar, que suponen el 75% del negocio, y este nuevo convenio supondría encaminar al sector hacia la ruina. Los precios siguen siendo tremendamente abusivos a la baja.

–Algunas empresas ya se plantean renunciar a prestar el servicio porque no les compensa optar a los nuevos contratos.

–Ha subido el convenio colectivo, ha subido el gasoil, ha subido todo. Y la Consejería oferta un precio de salida que es un 30% inferior a lo que están cobrando las empresas, un 30% inferior a los precios de 2009. Es absurdo. Quien ha hecho estas cuentas no tiene ni idea. Prestar el servicio en estas condiciones supondría el suicidio de las empresas. La situación es dramática. Si las empresas no prestan el servicio de transporte escolar no pueden sobrevivir. Y, si lo hacen al precio que propone la Consejería, tampoco pueden subsistir porque se arruinarían. Nos están dejando entre la espada y la pared, no podemos hacer nada. La Consejería cree que las empresas están cobrando unos precios que no tienen nada que ver con el mercado, y eso es porque está mal asesorada. Una consejería bien asesorada no estaría haciendo esto. No nos cabe en la cabeza.

–¿Podría ocurrir que el próximo curso empezara sin rutas de transporte escolar?

–Están diciendo que ya se buscarían empresas de fuera para cubrir el servicio. A ver qué empresas son capaces de trabajar a los precios que ellos pretenden y, además, teniendo que desplazar autocares desde otras regiones. Es absurdo. Están condenados a entenderse con nosotros.

–Han acusado a la Consejería de mentir. ¿En qué sentido?

–Con la consejera anterior [Esperanza Moreno] acordamos la prórroga de los contratos tres años más, y reunirse con los técnicos de Froet para estudiar las necesidades del sector y que comprendieran los costes reales de las empresas para sacar unas tarifas adecuadas. Los números de la Consejería no se corresponden con la realidad. Además, nos dijeron que nos compensarían como consecuencia de la paralización de la actividad por el estado de alarma, y ahora deniegan esas ayudas. No hay por dónde cogerlo.

–Pero la consejera cambió.

–Estamos hablando de la palabra de un Gobierno. Si ha cambiado alguno de los componentes del Gobierno, no tiene por qué cambiar la política. ¡Digo yo! Ahora parece que no. Los cambios en el Gobierno regional están afectando, y de manera negativa. Ni se han reunido con nosotros para redactar el pliego de condiciones, ni nos han tenido en cuenta.

–Y las que pagan el pato son las familias.

–Claro. Es que las empresas tomarían medidas para reducir los costes. Es decir, bajarían sueldos, utilizarían vehículos más viejos y escatimarían en seguridad para adaptarse a esos precios. O eso, o el concurso quedaría desierto.