Las Cámaras de Comercio piden más subvenciones al Gobierno regional para superar sus problemas financieros

Las tres Cámaras de Comercio de la Región no son ajenas a una situación que pesa sobre la mayoría de las 88 existentes en España y que amenaza el futuro de muchas de ellas. La legislación les permite para financiarse la prestación de una serie de servicios a las empresas -comerciales, formación, asesoría...-, así como recibir encomiendas de gestión de las administraciones autonómicas de asuntos relacionados con la actividad empresarial, pero, en ocasiones, no es suficiente.

La consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal, ya lo sabe. Representantes de las Cámaras de Murcia, Cartagena y Lorca se lo expusieron el pasado miércoles. Necesitan más fondos para poder seguir cumpliendo con su función y decidieron llamar a las puertas de San Esteban.

Miguel Martínez, el presidente de la de Cartagena, la más acuciada por los problemas económicos, lanzó la propuesta de un plan de financiación de las Cámaras con cargo al Presupuesto de la Comunidad, además de las subvenciones que ya reciben por la realización de determinadas tareas. La fórmula ya ha sido abordada en Castilla y León, Andalucía y Canarias, que han incluido en sus cuentas partidas específicas para financiar a sus Cámaras de Comercio.

«Somos corporaciones de derecho público, y pedimos que se nos considere como parte esencial de la Administración pública», declaró Miguel Martínez en su encuentro con la consejera. «La Comunidad es la administración que nos tutela, y no puede abandonarnos; es como si tuvieras un hijo y no lo alimentaras», agregó después a LA VERDAD.

Nada llegó a concretarse y los presentes -el vicepresidente de la de Lorca, Manuel Alcaraz, y el secretario general de la de Murcia, José Daniel Martín, además de los citados- quedaron en verse en una próxima reunión en busca de una solución.

Uno de los problemas para dar con ella son las diferencias entre las propias instituciones camerales. La prueba está en que desde que se aprobó la ley regional de Cámaras, hace seis años, han sido incapaces de ponerse de acuerdo para constituir el Consejo Regional de Cámaras.

La situación financiera de cada una de ellas, además, es muy dispar, aunque las tres siguen registrando déficit en sus cuentas diez años después de que se acabara el maná de las cuotas obligatorias.

La de Murcia es la más saneada, amén de la más potente. Están adscritos a ella 39 de los 45 municipios de la Región, y aproximadamente un 75% de las empresas. Sus presupuestos superan este año por primera vez los tres millones de euros, con un déficit previsto de 61.000 euros, que ha reducido progresivamente en los últimos años y que prevé eliminar a corto plazo. No tiene deudas, cuenta con un sólido patrimonio y el desequilibrio presupuestario lo ha ido cubriendo hasta ahora con recursos propios acumulados en los años buenos.

La de Lorca, que abarca solo este municipio y el de Puerto Lumbreras, atraviesa dificultades para cubrir su déficit, que en 2018 alcanzó los 142.000 euros sobre unos gastos totales de 474.728 euros. Su vicepresidente, Manuel Alcaraz, admite que «es muy difícil sustentarse» con los recursos que genera. Este año prevé alcanzar el equilibrio presupuestario, aunque para ello ha tenido que realizar severos ajustes, como prescindir de tres trabajadores.

La de Cartagena, que cubre los municipios de La Unión, Fuente Álamo, Mazarrón y la propia ciudad portuaria, es la más apurada. Unos 200.000 euros de los 750.000 presupuestados en 2019 los cubrió con sus ahorros, que se agotarán en tres o cuatro años, y su presidente no oculta su temor a ser absorbidos por la Cámara de Murcia. «Hay una tendencia generalizada en sectores empresariales de la capital a que solo haya una Cámara en la Región», comenta Martínez.

Tales diferencias y recelos se extienden también a sus demandas, lo que dificulta que puedan plantear una solución conjunta. Mientras Cartagena opta por una inyección directa de fondos públicos, Murcia prefiere aumentar los ingresos por la vía de nuevas encomiendas de gestión o la prestación de más servicios públicos, y Lorca lo que reclama es que la Comunidad le retribuya «el trabajo que hacemos con los empresarios y por el que no recibimos nada. Murcia es una privilegiada porque tiene la aduana, pero nosotros no», indica Manuel Alcaraz.