Cámara se sentará el 7 de mayo en el banquillo para responder por el 'caso Nueva Condomina'

'Nueva Condomina', la pieza matriz del 'caso Umbra' que investiga una presunta trama de corrupción en la Gerencia de Urbanismo de Murcia, ya tiene fijada fecha para el juicio. Será el próximo 7 de mayo cuando el exalcalde de Murcia, el popular Miguel Ángel Cámara Botía, ocupe por vez primera el banquillo para responder de un supuesto delito continuado de prevaricación, por el que la Fiscalía le pide diez años de inhabilitación. Dos antiguos altos responsables del urbanismo municipal le acompañarán en ese trance: el exdirector de la Gerencia, Pedro Morillas, y su antiguo jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, ambos acusados del mismo delito de prevaricación continuada y para quienes el Ministerio Público reclama, respectivamente, penas de inhabilitación de diez años y de ocho años y siete meses.

Han transcurrido casi dos años desde que el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejo, dictó auto de apertura de juicio oral contra los tres acusados, pero circunstancias de diversa índole habían retrasado hasta ayer el señalamiento de la fecha del juicio. Será la titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia, Natividad Navarro Abolafio, quien se encargue de valorar las pruebas recabadas a lo largo de una investigación judicial casi interminable: se inició en 2008, a raíz de una denuncia de la propia Fiscalía.

La asignación de un juez de refuerzo ha permitido a la magistrada Navarro Abolafio destinar siete sesiones de mayo a celebrar la vista oral, en concreto los días 7, 8, 9, 15, 16, 22 , 23 y 24. La previsión es que comparezcan, además de los tres acusados, un total de 23 testigos y 12 peritos.

En su escrito de calificación provisional, el Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, indica que «Cámara, con la colaboración de los informes de los otros dos acusados, fue adoptando decisiones en el ámbito del proyecto Nueva Condomina, incluso en reuniones oficiosas (con el expresidente del Real Murcia, ya fallecido, Jesús Samper) al margen del procedimiento, anteponiendo conscientemente a la legalidad exigible el afán político de unos y el afán mercantil de otros para obtener un nuevo estadio de fútbol en el marco de un proyecto inmobiliario (...), forzando siempre las interpretaciones normativas del modo más favorable al exigente promotor privado, tanto económica como urbanísticamente, de forma espuria, a fin de no poner en riesgo el truncamiento del proyecto publicitado».

En ese aparente intento de sustraerse a la ley para beneficiar los intereses de Samper, el Ayuntamiento habría llegado a otorgar a los terrenos una edificabilidad superior incluso a la máxima contemplada en la legislación urbanística. Un 'regalo' que se tradujo en 1.600 viviendas más.