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«Es una ley de aceleración empresarial, por eso es bueno que estén los empresarios; vamos de la mano con ellos porque son los principales protagonistas de todo el periplo administrativo ambiental, saben lo que se puede reducir y simplificar y además tienen la sensibilidad de estar en la calle y traen el pulso de lo que les duele y afecta». Así justifica el consejero Javier Celdrán, en declaraciones a 'La Verdad', la presencia destacada de la patronal Croem en la gestación y las negociaciones políticas para alumbrar la nueva norma legal encaminada a agilizar la burocracia.
Pese a las dudas de Ciudadanos, cuyo apoyo es imprescindible para que la ley sea aprobada en la Asamblea Regional, Celdrán niega que se busque un marco legal a medida de los empresarios o que vaya a suponer una desprotección indiscriminada de los espacios naturales. «De ninguna manera, para eso están nuestros técnicos y los servicios jurídicos», asegura.
En cualquier caso, los dos puntos del borrador de la ley que Ciudadanos considera «ilegales» han quedado aparcados para no bloquear la normativa -de más de noventa páginas, y que lleva ya casi treinta versiones-, a la espera de consensuar una redacción del texto que elimine ambigüedades y no pueda ser recurrida legalmente.
El primero de ellos es el «reajuste de límites» en espacios naturales cuyos planes de ordenación (PORN) se están elaborando actualmente en la Dirección General de Medio Natural. El Gobierno regional y Croem defienden que la delimitación quede fijada solo mediante real decreto, sin que sea refrendada por la Asamblea, para que sea más sencillo reducir la superficie protegida de un parque.
«Solo en el caso de que esté justificado y lo permitan tanto la legislación estatal como la europea», advierte Javier Celdrán, quien asegura que este punto de la ley no está pensado para sacar adelante ningún proyecto urbanístico concreto: «No hay nada sobre la mesa. Solo se trata de contar con una herramienta administrativa más ágil, si es que fuera necesaria, por ejemplo en el caso de un proyecto estratégico que además cuente con sus correspondientes medidas de compensación», mantiene el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente.
El otro punto de fricción con Ciudadanos es la posibilidad de eludir la Evaluación Ambiental Estratégica para dejar la aprobación de determinados proyectos al criterio del Consejo de Gobierno. Celdrán asegura que este procedimiento de agilización solo estaría contemplado «para modificaciones no sustantivas, de detalle, en planes o proyectos que ya hayan pasado todos los trámites. El único objetivo es evitar una nueva evaluación que pueda prolongarse durante varios años. No es algo nuevo en España», señala Javier Celdrán, «puesto que Aragón ya lo ha incorporado».
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