Buendía: «Es una lacra que empobrece a la población; falta una mayor conciencia fiscal»

Buendía destaca que el último informe de la Unión Europea (UE) sobre la economía sumergida sitúa a España en un 16% debido, afirma, a la prohibición de transacciones de metálico por más de 1.000 euros y a que se obliga a aceptar en todos los comercios el medio de pago electrónico, «unas medidas que han logrado aflorar parte de esa economía sumergida». «Si calculamos alrededor de un 20% en la Región, donde rondaría la cifra, se sumarían 6.000 millones de euros más a las arcas regionales. Si se limitara, la carga fiscal entre los ciudadanos decaería de manera considerable», asevera el docente. Otro estudio del Instituto de Estudios Económicos, publicado en 2021, coloca a la Región con un 24%. «La existencia de la economía sumergida es un problema que genera competencia desleal entre empresas y distorsiona la recaudación tributaria con efectos nefastos sobre la calidad de vida de la población», advierte Buendía. Incide en que en las zonas con un menor desarrollo suele ser más alto el porcentaje, según se ha constatado en las investigaciones tanto en España como a nivel europeo. Por ello, insiste en que las autoridades deberían constituir un grupo de expertos para determinar el tamaño y luchar contra esta lacra que empobrece a la población.

Para el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Murcia Faustino Cavas, el reto más acuciante del actual mercado de trabajo de la Región de Murcia es «la modernización de la regulación laboral para adaptarla al impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la robótica, que están afectando tanto a la forma de trabajar como al propio concepto de trabajador, al control que las empresas ejercen sobre la prestación laboral, a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y a los criterios de selección». Además, cree que todavía se está ante el desafío de aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores para el siglo XXI, al igual que mejoras en la calidad en el empleo, la estabilidad, condiciones retributivas y la conciliación de la vida laboral y familiar.

«Hay que diseñar una regulación que proteja los derechos de los trabajadores sin prescindir de las indudables ventajas de la Inteligencia Artificial; siempre se debe tutelar y proteger el empleo de los trabajadores, sus condiciones de trabajo, que no se vean afectados como consecuencia de la sustituciones de puestos de trabajo por parte de algoritmos, robots y nuevos sistemas tecnológicos», agrega Cavas. Otro de los problemas que se debe afrontar en el mercado laboral es luchar contra el edadismo. «Hay que conectarlo con medidas de seguridad social; todo lo que tiene que ver con el adelanto o retraso de la jubilación puede suponer unas pensiones dignas o no», señala el experto.