Bernabé afirma que confiaba en los funcionarios que informaban sobre los contratos de la CHS

José María Bernabé, quien fue secretario general de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) entre los años 2012 y 2018, aseguró ayer que siempre actuó «conforme al principio de confianza legítima» en los funcionarios del organismo de cuenca, de manera que no puso en duda que las propuestas de asignación de contratos se ceñían estrictamente a la legalidad. El antiguo alto funcionario declaró en calidad de investigado en las diligencias del llamado 'caso River', en el que se indaga sobre la adjudicación supuestamente amañada de decenas de contratos de obra, por importe de hasta seis millones de euros, a empresas de los hijos y la mujer de otro empleado de la CHS.

Asistido por los letrados Francisco Valdés Albistur y Francisco Luis Valdés-Albistur Hellín, el ex secretario general insistió en el argumento de que nunca se planteó que los servicios y funcionarios que estaban a su cargo pudieran estar actuando de manera irregular. Y respecto a las decisiones que personalmente adoptó, manifestó que desconocía que esas empresas adjudicatarias estuvieran a nombre de familiares de otro alto funcionario de la CHS.

Bernabé manifestó que las mercantiles adjudicatarias de los trabajos se sacaban de un listado informático del organismo de cuenca y, a ese respecto, insistió en que las sociedades habían sido «bastanteadas» por la Abogacía del Estado, que había acreditado su capacidad y solvencia. «Nunca hicieron salvedad alguna sobre esas empresas», advirtió, a lo que añadió que él se incorporó a la secretaría general de la CHS en el año 2012 y que las mercantiles Frahesa y Jurama llevaban contratando desde el año 2005.

Una de las precisiones que realizó fue informar al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, de que la Policía Nacional le había atribuido por error la firma de cuatro de esos contratos de adjudicación de obras. «Fueron dos», señaló.

Con su comparecencia se puso ayer fin a la ronda de toma de declaración a los 35 investigados por este asunto, por lo que el instructor preguntará probablemente ahora a las distintas partes del proceso si consideran que deben practicarse nuevas pruebas. Después tomará una decisión al respecto.