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Dos años y diez meses después de declarar en el Tribunal Supremo como imputada por prevaricación en el 'caso Novo Carthago', donde fue exculpada al archivarse la investigación sobre su participación en el fallido proyecto para construir 10.000 viviendas a orillas del Mar Menor, Pilar Barreiro vuelve hoy a la misma sede judicial. La exalcaldesa de Cartagena y actual senadora, quien entonces era diputada nacional, lo hará, igualmente, acompañada por su abogado, José Pardo-Geijo, para ser interrogada por cinco presuntos delitos en otro caso de supuesta corrupción: 'Púnica'.
En medio de la tormenta política nacional por la exigencia de Ciudadanos (Cs) al PP de que Barreiro dimita, si quiere su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, quien durante veinte años (de 1995 a 2015) dirigió el Ayuntamiento cartagenero responderá como investigada por prevaricación continuada, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho y revelación de información reservada.
La Sala de lo Penal del Supremo, cuya sede está en Madrid, abrió causa contra la senadora por la Región de Murcia el 17 de octubre. Y, en cumplimiento de la ley, permite su declaración voluntaria por los hechos que se le imputan. De no haberse acogido a esta opción y dada su condición de aforada, el TS se habría dirigido de manera formal a la Cámara Alta para pedir el suplicatorio.
En la exposición razonada enviada al Supremo -donde la magistrada Ana Ferrer iniciará el interrogatorio a las diez y media de la mañana-, el instructor del caso recogió los supuestos conciertos de Barreiro con empresas de Alejandro de Pedro, considerado el «conseguidor» de la trama, para defraudar al Ayuntamiento y a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco vio indicios de que la exregidora sufragó con dinero público trabajos particulares de limpieza y cuidado de su reputación en las redes sociales e internet, ante las noticias sobre su presunta implicación en casos como 'Novo Carthago'. También se indaga en la creación de un diario digital que debía emitir informaciones favorables a ella.
De junio a septiembre de 2014, los trabajos fueron facturados como «campaña de publicidad Turismo Cartagena», por 4.840 euros, y pagados de forma fraccionada para eludir el control de Intervención. Luego, De Pedro valoró realizar la labor de forma conjunta con la prevista para el exconsejero de Educación y después presidente regional Pedro Antonio Sánchez, quien dimitió en abril de 2017 al ser imputado.
La exalcaldesa habría participado en el diseño de un plan que perjudicó a las arcas públicas. En la causa está imputado también, por seis presuntos delitos, José Antonio Alonso, exalcalde socialista de Cartagena, amigo íntimo de Barreiro y considerado como «cabecilla» de la red.
El Ayuntamiento no entra
En la declaración no estará presente hoy el Ayuntamiento de Cartagena, que ejerce la acusación particular en la Audiencia Nacional. Fuentes municipales indicaron que, al conocerse la citación de Barreiro, la Asesoría Jurídica municipal pidió al Supremo que le diera por personado, y que ayer aún no había respuesta de la magistrada en forma de providencia.
En declaraciones a 'La Verdad', el exalcalde y portavoz de MC, José López, calificó ayer de «escándalo» lo ocurrido. Aseguró que, el 15 de junio de 2017, ante la exposición remitida al Supremo, instó a la Asesoría a sostener «todas las acciones judiciales contra todos aquellos que hayan podido perjudicar a este Ayuntamiento, para reparar el daño causado».
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