Barreiro reclama al Ayuntamiento sus gastos en abogados

«Me puse a la cola, saludé a los funcionarios y registré los documentos. Hacía mucho tiempo que no iba al Ayuntamiento». Así relató ayer la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro el llamativo momento de la mañana de este miércoles en el que presentó en el Registro del Consistorio un escrito donde reclama que esta institución le pague 75.022,89 euros, para cubrir los gastos en abogados en el 'caso Novo Carthago', del que salió exculpada. La antigua diputada nacional y senadora del PP prevé presentar otra solicitud de compensación por los costes -aún no precisados- de su imputación en el 'caso Púnica', otro asunto de presunta corrupción del que salió airosa.

En la petición depositada en el edificio administrativo San Miguel por Barreiro, quien fue regidora desde 1995 a 2015, expone que debido al sobreseimiento de la causa abierta contra ella por un presunto delito de prevaricación, tiene derecho a que se le abonen los gastos de abogado y procurador que le ocasionó el proceso, donde estuvo representada por el bufete Pardo Geijo Abogados. Cita, entre otras cosas, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Barreiro explica que no pudo ser defendida por los Servicios Jurídicos del Consistorio, por la «obvia incompatibilidad» de que ejercían la acusación particular. Y añadió que el bufete con el que tenía un convenio el Consistorio ya representaba al exconcejal de Urbanismo Agustín Guillén y que podía haber «intereses contrapuestos en sus respectivas defensas». La exalcaldesa también recuerda que los concejales Ana Belén Castejón, actual alcaldesa, y Juan Pedro Torralba, ambos del PSOE, se personaron como acusación popular.

Barreiro dijo a 'La Verdad' que su reclamación es «una cuestión de justicia», porque ha salido «indemne». Agregó que «nadie va a compensar el daño personal, familiar» y a su carrera política, pero que al menos debe compensarse el fuerte deterioro de su economía por defender una labor municipal ajustada a Derecho. Afirmó que se ha inscrito en el paro y ha firmado un convenio con la Seguridad Social, para sus dos últimos años de cotización, hasta la edad legal de jubilación de 66 años. Por sus tres legislaturas en las Cortes, percibió una indemnización de once meses.