El fiscal mantiene su petición de dos años y medio de cárcel para Pedro Antonio Sánchez

El juicio del 'caso Auditorio' enfila su recta final con las sesiones de este lunes y la de mañana martes, en las que el fiscal, las acusaciones y las defensas dan por reproducidas la prueba documental desarrollada en el juicio y elevan sus conclusiones provisionales a definitivas. Acto seguido, cada parte expondrá sus respectivos informes, intervención en la que defenderán sus posiciones.

En esta jornada ha sido el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, quien ha expuesto sus conclusiones y ha mantenido los delitos de fraude y prevaricación continuada, cuyas penas conllevarían dos años y medio de prisión y un total de diecinueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo púbico.

En su intervención, el representante del Ministerio Fiscal expuso que durante el juicio las defensas «han tratado de demostrar una realidad paralela a todo lo que consta documentado, para ello han utilizado la semántica de las palabras». Cuando se hablaba de proyectos, señaló, Martín Lejarraga asegura que eran propuestas de ideas, que no eran proyectos profesionales. «En el mismo sentido, Pedro Antonio Sánchez, cuando actuaba como alcalde, actuaba con un impulso político, olvidando que es también la máxima autoridad administrativa de un ayuntamiento y participan en decisiones y que esos oficios, que dice que son de mero impulso, son documentos oficiales».

Por otro lado, Lozano advirtió de que se trasladó que las propuestas «eran ideas» y como tales «no era necesario que se presentarán, conforme exige la ley, ante una comunicación a terceros, a través de un registro de entrada».

Recordó que hubo manifestaciones acerca de problemas geotécnicos en la obra, «aunque tampoco hay ningún documento ni siquiera en el libro de obras, que obligó a un modificado, algo que en realidad lo que se hacía era ejecutar la obra encargada desde un inicio, y prescindiendo del proyecto básico, que es el que realmente fue objeto de licitación y contratación».

La consecuencia es que ese modificado se hizo a coste cero, porque no había incremento, no había un coste adicional, «eso sí, se dejaron partidas de obra sin hacer con arreglo al proyecto básico. Eso dio lugar a una recepción y una liquidación, que no existió. En conclusión, nada de lo documentado les sirve».

En este punto, el Ministerio Fiscal aseguró en su exposición que su informe se basa en las declaraciones y pruebas que constan en los expedientes, «que vienen a considerarse la verdadera caja negra de los aviones, donde se recoge lo que ha pasado y luego se podrá decir lo que sea, pero lo que consta en los documentos consta». Así, fue detallando punto por punto las fases de la contratación del proyecto, desde la etapa verbal a Lejarraga hasta la modificación del proyecto base. Argumentó que la manifestación del arquitecto de que el proyecto era una propuesta de ideas, en realidad se trataba de una actuación profesional.

«Lo declaró el propio Lejarraga en la fase de instrucción en el juzgado de Lorca, diciendo que le llama directamente por Pedro Antonio Sánchez, le hace el encargo del proyecto, va a visitar la parcela de la rambla de Nogalte y le da la memoria de necesidades. Y ahora, en juicio oral, cambia de versión. No hubo ningún encargo, que no le llamó Pedro Antonio Sánchez y que fue a visitar la parcela con una comitiva municipal. Eso supone una contradicción y la Sala decidirá sobre la base de la ley de enjuiciamiento criminal lo que corresponda. Pero hay indicio que demuestra que lo que dijo Lejarraga en fase de instrucción es cierto, como una foto del anuario de junio de 2005, donde se ve a Pedro Antonio Sánchez y Lejarraga visitando la parcela de rambla de Nogalte. En ese mismo anuario se puede leer en el mes de septiembre que 'el ayuntamiento encarga un proyecto'. No es un documento oficial, pero sí un relato textual y fotográfico de lo que ocurría en aquel año».

Por su parte, la abogada que representa los intereses del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha retirado la acusación en el proceso del 'caso Auditorio', «tras la valoración de la prueba practicada y al no apreciar la concurrencia a las conductas delictivas conforme a la acusación a la que esta parte se adhirió».

No obstante, el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, el juez Juan del Olmo, advirtió de que a pesar de retirarse del procedimiento, la manifestación que en su momento expuso la alcaldesa del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, «se mantienen en el sentido de que hay una reserva de acciones civiles».

A lo que la letrada manifestó que en su momento se adhirieron a la acusación del Ministerio Fiscal, porque tras el ofrecimiento de acciones «no presentamos escrito de acusación alguno, y tras la valoración de la prueba descartamos la reserva de acciones y la acusación particular en esos términos». Concluida su intervención, el juez la invitó a ausentarse de la sala al no tener interés alguno en la causa.

Asimismo, la acusación popular modificó su calificación inicial, manteniendo los delitos de fraude y prevaricación y añadiendo el de falsedad en administración pública en relación con los documentos del expediente de la subvención, que se añade al relato de hechos del escrito de sus conclusiones.

Lo que se juzga son presuntas irregularidades en la adjudicación y la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras cuando Pedro Antonio Sánchez fue alcalde, entre 2003 y 2013, y se enfrenta, a falta de conocer si el Ministerio Fiscal modifica su escrito de conclusiones, a dos años y medio de prisión por presunto fraude y prevaricación continuada. En la primera sesión del juicio, ya se retiró el delito de fraude de subvenciones. Además de Sánchez, en el banquillo de los acusados se sientan el arquitecto del proyecto, Martín Lejarraga; la secretaria municipal, Caridad García Vidal, y el responsable de la empresa constructora Ecisa, Vicente Gimeno.

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