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LA VERDAD
Martes, 15 de abril 2025, 19:56
El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la distribución de 5,1 millones de euros a la Región de Murcia para la protección de las familias y la atención a la pobreza infantil. La inversión total propuesta por el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy para transferir a comunidades y ciudades autónomas es de cerca de 200 millones de euros, y se va a destinar, además de a reforzar los servicios sociales, a financiar programas de protección a las familias y de atención a la pobreza infantil.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pablo Bustinduy enfatizó que estas actuaciones deben orientarse a mejorar la situación de las familias más vulnerables y de las que presentan necesidades singulares de protección, como las familias monoparentales, las familias numerosas o las que viven en el medio rural.
Con este objetivo, en esta partida se han incluido 65 millones de euros, de los que 2,6 millones de euros corresponden a la Región de Murcia, destinados específicamente a proyectos de intervención social y a prestaciones para familias en riesgo de pobreza. Asimismo, estas ayudas se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene o la compra de alimentos y ropa. También para financiar necesidades educativas, como la compra de material escolar o ayudas para el comedor, así com para pagar el alquiler o los suministros básicos del hogar. Además, servirán para cubrir gastos relacionados con las escuelas infantiles y el apoyo a necesidades puntuales de atención de niños, niñas y adolescentes favoreciendo la conciliación familiar y laboral.
De igual forma, se reservan 25 millones, de los cuales 840.000 euros corresponden a la Región, para reforzar los equipos de servicios sociales encargados de prevenir y detectar riesgos de violencia hacia la infancia.
Por otro lado, en esta inversión destacan más de 100 millones de euros, de los que 1,6 millones corresponden a la Región de Murcia, que se transfieren para financiar la red de servicios sociales de atención primaria de las corporaciones locales.
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