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Desahucio de una vivienda de Alcantarilla en una imagen de archivo. Nacho García/ AGM
Desahucios en Murcia: El TC avala la normativa regional que busca frenar los desahucios

El TC avala la normativa regional que busca frenar los desahucios

La Ley de Vivienda, aprobada en la Asamblea en 2016 con los votos de PSOE, Podemos y Cs, fue recurrida por el Gobierno de Rajoy por invadir competencias estatales

Jueves, 18 de octubre 2018, 03:26

El Tribunal Constitucional (TC) dio ayer un fuerte espaldarazo a la Ley de Vivienda de la Región de Murcia, que busca frenar los desahucios y luchar contra la pobreza energética y que se aprobó hace más de dos años en la Asamblea Regional. Desde entonces, el texto se ha visto sometido al escrutinio de los jueces del máximo tribunal del país, que ahora avalan la constitucionalidad de la normativa.

La ley salió adelante en mayo del año 2016 con los votos favorables de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular. Sin embargo, el Gobierno de la nación, entonces liderado por Mariano Rajoy y el PP, decidió recurrir el texto por entender que varios artículos excedían las competencias autonómicas e invadían las estatales. En concreto, el recurso de la Abogacía del Estado dudaba de las competencias autonómicas en casos de mediación para evitar los desahucios que recoge el artículo 1 de la ley, en el que se establecen «mecanismos destinados a resolver las situaciones de sobreendeudamiento de personas físicas y de familias, por causas sobrevenidas, especialmente en lo relativo a las deudas derivadas de la vivienda habitual, mediante un procedimiento de mediación extrajudicial».

El recurso del Gobierno central también hacía mención al artículo 2 de la norma, que obliga a los «grandes tenedores de viviendas, caso de los bancos, a formular una oferta de alquiler social previa al desahucio», y por el que también se fijan «medidas para garantizar el suministro de agua, gas y electricidad en casos de pobreza energética».

El reglamento que debe desarrollar la norma estaba a la espera de la resolución del recurso

Suavizada

PSOE y Podemos, los dos grupos que en su día presentaron la norma en la Asamblea Regional, ya se vieron obligados a suavizar y perfilar el texto tras las advertencias que en este sentido plantearon los servicios jurídicos de la Cámara autonómica, unos reparos que también puso encima de la mesa el PP para justificar su abstención en la votación en la que salió adelante el texto. Ni las advertencias, ni la cosmética aplicada a la normativa durante su elaboración, ni la ponencia en la que participaron los cuatro grupos políticos para limar diferencias sobre el texto fueron suficientes para esquivar el recurso que finalmente presentó el Ejecutivo de Rajoy sobre estos artículos de la nueva ley de vivienda, que fue suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional en cuanto tuvo conocimiento de ese recurso, en abril del año pasado.

Sin embargo, cinco meses después, el tribunal levantó parcialmente la suspensión. Concretamente, eliminó el veto sobre el segundo artículo, el que hace mención a la obligación de presentar alternativas previas al desahucio. Con la decisión adoptada ayer, por la que desestima el recurso del Gobierno de la nación, el Tribunal Constitucional termina de avalar la normativa regional al asegurar que «no es posible apreciar que los preceptos examinados interfieran en la competencia del artículo 149.1.13 de la Constitución, que confiere exclusividad al Estado sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica».

El portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Joaquín López Pagán, mostró su satisfacción ayer por la sentencia del Tribunal Constitucional, pero lamentó que no se hayan podido aplicar las medidas contempladas en la ley para evitar los desahucios y las consecuencias de la pobreza energética por culpa del recurso planteado en su día por el Gobierno de la nación. «Las personas han perdido dos años por la desidia del Gobierno de Mariano Rajoy y la complicidad del PP de la Región», señaló López Pagán.

«Actitud miserable»

Por su parte, el líder regional de Podemos y portavoz de la formación morada en la Asamblea, Óscar Urralburu, afirmó que el Gobierno murciano «ya no tiene excusas para seguir permitiendo los desahucios». Además, Urralburu acusó al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, de tener una «actitud miserable» al «gobernar contra los más débiles en vez de cuidar y proteger a la gente. Podríamos llevar dos años legislando de forma justa para evitar todo este tiempo que miles de familias se quedaran en la calle».

Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, señaló por su parte que esta ley es «un triunfo de los murcianos que llega diez años tarde por culpa del PP» que, según Sánchez, se ha llevado un «varapalo» del TC. Esta normativa, dijo Sánchez, «debió haber sido aprobada al menos en el año 2008 cuando se inició la crisis, lo que hubiera mejorado las condiciones de vida de numerosas familias que han sido desahuciadas».

El portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, aseguró que su partido «acata la sentencia» sobre una ley que, según afirma, recoge unas medidas que «ya se están adoptando desde el Gobierno regional, aunque con otra denominación».

El reglamento de la ley deberá redactarse ahora, ya que el texto que debía desarrollar la norma estaba a la espera de la resolución del recurso de inconstitucionalidad.

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