La 'autovía del bancal' queda a expensas del convenio entre el Ministerio y la Consejería

El protocolo tiene que transformarse en un convenio. El Ministerio de Fomento y el Gobierno regional tienen que preparar ahora la firma del contrato para poder iniciar la construcción de la 'autovía del bancal' entre Zeneta y Santomera, tras la aprobación la semana pasada de los Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio abonará el coste de la obra en un plazo mínimo de tres años, que asciende a 110 millones de euros, de los que 11 se destinarán al pago de expropiaciones.

La Consejería de Fomento se encargará de licitar y adjudicar las obras de 11,8 kilómetros. Los presupuestos estatales han asignado para este año los primeros 11,3 millones para el proyecto. Existe un rechazo en el municipio de Santomera, mientras que la obra sí es reclamada por el Ayuntamiento de Beniel, ambos gobernados por el PSOE. En el primer caso, existe una plataforma vecinal apoyada por el Consistorio que considera innecesario este nuevo vial y denuncia que destrozará una superficie importante de huerta. Beniel, por el contrario, tiene la oportunidad de mejorar sus comunicaciones viarias con el resto de la Región. Sirva como dato que se necesita media hora al volante para cubrir la distancia con el centro de Murcia.

El Gobierno regional firmó el protocolo en noviembre del año pasado con el anterior ministro Íñigo de la Serna, un documento que carece de efectividad hasta que no se firme el convenio, pendiente desde hace más de ocho años.

El equipo de José Luis Ábalos también tiene que hacer frente de inmediato a las autopistas en quiebra rescatadas por el Estado, entre ellas la de Cartagena-Vera. «Imposible». Con esta palabra describe el Ministerio de Fomento poder cumplir los plazos para volver a licitar, a partir de este mes, las autopistas que han revertido al Estado. Según este organismo, los pliegos para realizar este movimiento «no están listos», informa Efe.

Relicitar las autopistas quebradas, una decisión administrativa iniciada por el anterior ministerio, no contradice el compromiso político adoptado por Ábalos, que persigue eliminar los peajes y revertir al Estado las autopistas cuya concesión finaliza próximamente. Ocurrió en el caso de la autopista AP-7, que discurre por la Región, cuyos extremos son Alicante y Tarragona. En esta situación, una de las metas que Fomento se ha propuesto consiste en incluir en el proceso de relicitación la autopista AP-41, que discurre entre Madrid-Toledo y que está pendiente de la fase de liquidación. El objetivo sería que esta carretera revirtiese al Estado y pasara a ser gestionada por la empresa pública Seittsa, como ocurrió con la R-2, R-3, R-4, R-5, AP-36, con la AP-7 Cartagena-Vera, y con la circunvalación de Alicante.

La portavoz del Partido Popular de la Región, Nuria Fuentes, lamentó que el delegado del Gobierno, Diego Conesa, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, «vendan como logros lo que son retrasos, incumplimientos y falta de eficacia en materia de infraestructuras». Acusó a ambos de ser los responsables de «perjudicar deliberadamente a la Región y no defiendan los acuerdos de las obras licitadas y proyectadas».