La Audiencia de Lugo anula todas las investigaciones del 'caso Pokemon' en la Región

La Audiencia Provincial de Lugo ha anulado el grueso de las investigaciones del 'caso Pokemon', una causa que tiene ramificaciones en varias provincias de España, entre ellas la Región, y que investiga posibles irregularidades en las concesiones de agua. Según explica la Sección Segunda de este tribunal, la juez instructora de este caso, Pilar de Lara, no tiene competencias para ordenar diligencias a Vigilancia Aduanera o autorizar personamientos de acusaciones particulares, tal y como informa ABC.

El 'caso Pokemon' se centra en el escándalo nacional de los presuntos tratos de favor de políticos a empresas del grupo Agbar (Aguas de Barcelona), entre ellas Aquagest Región de Murcia, para gestionar el servicio municipal de aguas, a cambio de viajes y otros regalos. En Cartagena, Pilar de Lara investigaba quién pagó viajes de placer a cuatro concejales del Partido Popular, en la etapa de Pilar Barreiro como alcaldesa. En Murcia, la juez también trataba de indagar sobre doce viajes, algunos de ellos de lujo, que Aguas de Barcelona habría pagado por razones que se desconocen al exconcejal Joaquín Moya-Angeler.

Entre las diligencias tumbadas se encuentran las ordenadas en los municipios de Lorca, Cartagena y Murcia. «No es posible esgrimir una investigación global sobre el Grupo Agbar para estimar que la competencia se extienda a todo el territorio español en donde opere este entramado empresarial o alguna de sus filiales», ya que este tipo de instrucciones no tiene soporte legal «cuando se ha acordado una inhibición», sentencia la Audiencia de Lugo, si bien «esto no supone que no haya de investigarse, sino que ha de hacerse en el Juzgado que corresponda territorialmente».

En los autos, la Audiencia reitera una y otra vez el mismo razonamiento jurídico: De Lara se inhibió de esta pieza —la 337/2014— en febrero de 2017 en favor de la Audiencia Nacional, si bien no dio traslado efectivo de la causa hasta diciembre de ese año; y sin embargo, siguió ordenando diligencias de investigación a pesar de encontrarse inhibida. El Juzgado Central de Instrucción nº1 le respondió este enero que no aceptaba la causa y la reenviaba a Lugo. Todas las decisiones anuladas por la Audiencia Provincial tienen lugar entre la fecha de inhibición y el rechazo del Juzgado Central, bajo la consideración de que no son necesarias ni están amparadas por las leyes procesales.

La Audiencia de Lugo, que da respuesta a los recursos de varios investigados en la pieza, estima que De Lara no es competente y que estas causas deben ser remitidas a sus correspondientes jurisdicciones, para que sean sus tribunales las que las investiguen según entiendan. Así, limitan la competencia de la instructora a Galicia y al Principado de Asturias.

Las diligencias ordenadas por De Lara, a juicio de los magistrados lucenses, «no pueden estimarse idóneas por ampliar artificialmente la competencia, ni necesarias para apuntalar la investigación que se venía realizando (...) ni se estiman proporcionales». «El ámbito de la investigación judicial no puede alcanzar genéricamente a todas las actividades del impugnado», reprochan a la instructora, «no puede tornarse (...) en una pretendida búsqueda sin más de posibles hechos que hubiera podido cometer el investigado».

Las críticas abiertas de los magistrados de la Audiencia a Pilar de Lara van más allá. Consideran que está realizando «una instrucción tortuosa para las partes» en la que «se solapan resoluciones y recursos, y así se resuelven impugnaciones sobre resoluciones posteriores a otras respecto de las cuales estarían vinculadas», lo que deriva en «una tramitación en donde es difícil oponer la función controlador de la legalidad de la actuación judicial en aras a salvaguardar el derecho de tutela judicial efectiva y proscripción de la indefensión».

La Audiencia censura no pocas cosas a la juez. Le afea «una instrucción excesivamente lenta» y se asombra ante lo «inexplicable» de que tarde diez meses en remitir a la Audiencia Nacional la documentación obtenida en las actuaciones realizadas, diez meses «durante los cuales (...) continúa con una prolífica actividad instructiva», ahora anulada.

Una de las decisiones tumbadas es una providencia del 6 de marzo de 2017, por la cual Pilar de Lara incorpora a la causa una noticia aparecida en un digital catalán «relativo a la petición que efectúan a la Fiscalía de Murcia para que investigue donaciones a la campaña independentista» de CDC (Convergencia Democrática de Cataluña). Para la Audiencia, «este es un ejemplo paradigmático de investigación prospectiva», que parte de una información periodística que no recoge «hechos aparentemente delictivos», lo que deriva «en un proceso sin objeto».

«La instructora parte de una hipotética premisa y a través de la misma oficia a Vigilancia Aduanera a fin de que verifique si alguna de las empresas vinculadas a la investigación "pudiera" haber realizado pagos o donaciones de sumas de dinero a la Fundación Catalanista i Democrática». La Sala estima que «esta incorporación de una noticia de prensa a partir de la cual se autoriza a investigar» a Aduanas «no es admisible».

Esta forma de actuar es homologable con la adoptada en otra de las causas que De Lara instruye en la actualidad, como es la pieza del Garañón. En ella, a partir de una foto de una reunión entre PSOE y BNG aparecida en la prensa local, llamó a declarar a todas las personas que aparecían en ella, prolongando la causa que mantiene imputados, entre otros, al exlíder del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro y el exalcalde de Lugo, José López Orozco.

La Sala Segunda ni siquiera entra a evaluar el contenido de las actuaciones ordenadas por De Lara mientras estuvo inhibida, sino que se limita a anularlas de raíz. En la trama Pokemon hay, al menos, otras dos causas pendientes de salir en dirección a la Audiencia Nacional: la 334/2014, referida a la empresa Vendex; y la 335/2014, conocida como «operación Pikachu» y centrada en el Concello de La Coruña.