La Audiencia juzga los negocios de la CAM en el Caribe, que causaron 28 millones de pérdidas

La Audiencia Nacional juzga desde hoy al ex director general de Caja Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y a otra decena de personas, entre ellas el exedil del PP en Murcia Juan Ramón Avilés, por administración desleal en operaciones supuestamente irregulares en el Caribe que habrían ocasionado un perjuicio de 28 millones.

En la vista se analizarán una serie de operaciones de crédito para la compra de hoteles y parcelas en México y República Dominicana suscritas con la sociedad Valfensal, cuyos administradores han llegado a un acuerdo con la acusación.

En su auto de procesamiento, conocido hace un año, la entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, percibía indicios de actuaciones «sospechosas», en virtud del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El documento advertía de «irregularidades comunes» en la información aportada por los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó a los directivos de la sociedad TIP, participada por la CAM, así como de los «muy deficientes» estudios sobre los terrenos.

A tenor de las pesquisas, López Abad y su director general de Empresas, Daniel Gil, habrían consentido que los anteriores «dispusieran de elevadas cantidades económicas», contribuyendo a «generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas». Hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para los dos ejecutivos de la caja.

Aunque el escrito de la fiscal Belén Dorremochea se dirigía además contra Ferri y Baldó, para los que pedía hasta 22 años de cárcel y 23,6 millones de multa también por delitos contra la Hacienda Pública entre 2008 y 2013, ambos han comunicado a la Sala su conformidad con los hechos.

Con el objetivo de reparar el daño causado, los empresarios han abonado al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) los 12,5 millones de euros equivalentes al total no asegurado por la póliza de responsabilidad de los altos cargos de la CAM.

Según fuentes jurídicas, será la primera vez que el fondo, que asumió las pérdidas de la extinta caja a través de una inyección de capital público de 5.249 millones antes de su venta al Sabadell, recibe una indemnización en la vía penal.

Para Ferri y Baldó el acuerdo les supone una contundente rebaja de la pena por administración desleal hasta los seis meses de prisión.

Se sentará además en el banquillo el ex director económico de Valfensal Francisco Climent, sobre quien pesa una petición de 12 años de cárcel como presunto cooperador de los delitos fiscales.

También el ex director general de TIP Vicente Sánchez y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero César Véliz, para los que el Ministerio Público reclama cuatro años de prisión y multa del triple del beneficio obtenido (64 millones).

Lo mismo sucede con los exdirectivos de la CAM Juan Ramón Avilés, exconcejal del PP en Murcia, Remedios Ramón, Asunción Martínez y Francisco Grau, absueltos hace casi tres años en el caso de las dietas.

La causa parte de la querella que interpuso en 2012 el FGD, que sostiene que «con el conocimiento y consentimiento de López Abad y Gil se desviaron fondos en beneficio de Ferri y Baldó, sus socios de Valfensal, gracias a una política de opacidad y falta de transparencia que generó en una provisión de 28 millones de euros».