La Audiencia juzga este jueves a Martínez Cachá por presunta prevaricación

Con esas obras de emergencia se pretendía desviar aguas procedentes de desalinizadoras del Campo de Cartagena, con altos índices de nitratos y salmueras, desde la desembocadura de la Rambla del Albujón hasta la desaladora Arco Sur, junto a Cabo de Palos, para evitar que siguieran contaminando el Mar Menor, aunque en apariencia no se cumplieron los preceptos legales para poner en marcha el proyecto. En el banquillo Martínez-Cachá estará acompañada también del ex director general del Agua Andrés Martínez Francés.

Las diligencias se abrieron en 2018 a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior, después de que se constatara que la orden de arranque de las obras se firmó sin que se hubiera emitido un informe de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que el juez de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, consideró preceptivo cuando concluyó la investigación con el procesamiento de los dos antiguos altos cargos regionales.

El fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, explica que el proyecto no llegó a desarrollarse al no entrar en funcionamiento debido a que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no autorizó a la citada comunidad de regantes el uso del agua que iba a circular por la tubería. Además, el órgano de cuenca impuso a la Comunidad una multa de 3.000 euros por carecer las obras de autorización, al ser ejecutadas en dominio público hidráulico. La sanción fue anulada parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aunque se mantuvo la obligación impuesta a la administración de reponer el terreno a su estado anterior. El fiscal sostiene, además, que se decidió emprender las obras calificándolas de emergencia en un intento de sortear las consideraciones medioambientales.