La Audiencia da diez días a los policías de Cala Cortina para entrar en prisión

Diez días. Éste es el plazo que la Audiencia Provincial ha dado a los cinco policías nacionales de Cartagena condenados por el 'caso Cala Cortina', para que entren en la cárcel de forma voluntaria. Deben cumplir los dos años y diez meses de pena que les quedan (estuvieron recluidos de forma provisional catorce meses), tras haber sido condenados a 4 años por homicidio por imprudencia profesional y detención ilegal.

En un auto comunicado ayer a las partes presentes en el procedimiento, la sección quinta de la Audiencia, que tiene su sede en Cartagena, concede ese mismo plazo de diez días para que los agentes depositen los 390.000 euros que aún deben abonar, como indemnización, a la hija y a los cinco hermanos de la víctima, Diego Pérez Tomás. Los funcionarios ya consignaron 60.000 euros en una cuenta bancaria judicial.

El magistrado-presidente del jurado popular, Jacinto Areste, advierte en su resolución de que si los policías no entran en la cárcel por sí mismo en el periodo máximo establecido, podría dictar contra ellos una orden de detención. Asimismo, recuerda que la sentencia por la desaparición y muerte del vecino de Las Seiscientas Diego Pérez, el 11 de marzo de 2014, incluye dos años de inhabilitación especial para formar parte de cualquier cuerpo de seguridad del Estado.

El tribunal ha citado también a los policías para que, a través de sus representantes legales, comparezcan en el Palacio de Justicia de Cartagena el jueves 12 de julio y se den por notificados.

Estas medidas han sido acordadas después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia desestimó el pasado marzo el recurso presentado por la Abogacía del Estado y por uno de los acusados, contra la indemnización de 50.000 euros fijada para cada hermano del fallecido. En ambos casos, la responsabilidad civil subsidiaria recae en el Estado.

Fuentes judiciales indicaron que, ahora, las defensas estudian presentar alegaciones para que el tribunal dicte una suspensión extraordinaria de la ejecución de la sentencia. Una de las opciones es que invoquen el que el castigo por cada uno de los dos delitos probados no supera los dos años de reclusión, y que planteen liberar a los agentes de volver a prisión, bajo dos condiciones: no delinquir de nuevo en un plazo (que debería determinar la Audiencia) de entre dos y cinco años, y abonar íntegra la indemnización a los familiares de la víctima.

Tras aceptar el acuerdo previo al juicio entre la Fiscalía, las defensas y la acusación particular, que ejerció el abogado cartagenero Francisco Belda, los cinco funcionarios fueron condenados en octubre de 2017. Los cinco agentes (un sexto policía murió mientras cumplía prisión provisional) asumieron en la vista oral que trasladaron de manera intimidatoria, en plena madrugada y en un coche patrulla, a Diego a Cala Cortina, y que le dejaron allí a su suerte. Todo ello a pesar de que el hombre llamó a la Comisaría por teléfono, al sentirse amenazado por unos vecinos de su barrio.

Los agentes también aceptaron que la «acción u omisión» del deber de custodia provocó la muerte de este vecino, que tenía 43 años cuyo cuerpo fue encontrado con las vértebras del cuello fracturadas.

Los funcionarios habían sido detenidos por la unidad de Asuntos Internos de la Policía seis meses después del descubrimiento del cadáver de Diego.