Cs atiza a sus consejeros y al PP con el Mar Menor

«Jamás había visto a un gobierno haciéndose oposición a sí mismo de manera tan incomprensible». La frase, dirigida por el portavoz de Vox, Juan José Liarte, a los diputados de Ciudadanos que ayer dejaron la puerta abierta en la Asamblea Regional a cambiar el reciente decreto del Mar Menor, describe con tino las sensaciones que deja en la arena política la sorprendente relación que el partido naranja mantiene con sus socios de gobierno del PP y, sobre todo, con sus cuatro consejeros en el gabinete de Fernando López Miras. Porque los votos de sus representantes en la Diputación Permanente, reunida por primera vez esta legislatura, facilitaron la convalidación en tiempo y forma del decreto aprobado el 26 de diciembre por el Consejo de Gobierno. Pero una vez evitado un vacío legal, votaron a favor de transformar dicho decreto en una proposición de ley, dando oxígeno político a los más críticos con dicha medida: PSOE y Podemos. Ambos partidos tendrán ahora la oportunidad de cambiar la norma de arriba a abajo.

El portavoz de la formación liberal, Juan José Molina, insistió en que la aprobación del decreto era una necesidad imperiosa: «Necesitábamos ya una norma potente que garantizara la protección del Mar Menor». Lograda esa seguridad jurídica, añadió que Ciudadanos también tenía la obligación de cumplir el punto 58 de su pacto de gobierno, que habla de consenso con el resto de partidos para articular medidas de protección del Mar Menor. «Es un ejercicio de excelencia democrática», dijo.

El enésimo número de funambulismo político de Cs en medio año de gobierno de coalición mantiene desconcertados a altos responsables del PP, que en círculos privados fantasean con una convocatoria electoral imposible hasta que no pase el primer año de legislatura. Temen, además, que la guerra interna en la formación liberal pueda afectar a los Presupuestos de 2020.

Liarte, crecido por los resultados de Vox, pidió la dimisión de la vicepresidenta regional, Isabel Franco, por su responsabilidad alicuota en la gestión del Mar Menor. «¿Son conscientes de la inestabilidad y fragilidad que están introduciendo en el Gobierno del que forman parte?», preguntó ojiplático a Molina y a la diputada y secretaria de organización, Valle Miguélez. Quedó sin respuesta, también, su pregunta de cuánto tiempo será capaz López Miras de mantener un gobierno cuestionado por uno de sus dos pilares.

Como Vox, PSOE y Podemos aprovecharon la Diputación Permanente para criticar al Ejecutivo. «Estamos ante una oportunidad perdida para hacer un decreto ley que suponga un cambio de paradigma en la Región», dijo el socialista Alfonso Martínez Baños, para quien la Comunidad ha trabajado al «dictado de los 'lobbies' económicos que quieren controlar al sector agrícola de esta Región». María Marín, de Podemos, considera el decreto «insuficiente» y que no pone límites al urbanismo. La puerta está abierta para «más ladrillazos especulativos», dijo en referencia a urbanizaciones como Novo Carthago y El Vivero de La Manga, que podrían sumar más de seis mil nuevas viviendas.

Sin embargo, el portavoz del PP, Joaquín Segado, aseguró que la norma está legitimada por la colaboración del Gobierno regional con los partidos participantes y los colectivos sociales que han dado ideas. «Cumple con el mandato emanado de esta Asamblea el 18 de octubre con las resoluciones del pleno monográfico; en algunas de ellas, como la urbanísticas, más en profundidad», aseguró. También recoge medidas propuestas en la comisión especial sobre el Mar Menor de la pasada legislatura. Los populares votaron a favor de la convalidación del decreto y en contra de su tramitación como proyecto de ley. Justo lo contrario que sus aliados.