Los asuntos civiles crecen un 72% y sobrepasan los 7.000 en solo un mes

Con los datos de diciembre en la mano, el TSJ considera que el «tsunami» de asuntos que se prevé comienza ya a dar la cara. No obstante, remarca, habrá que esperar al arranque de 2021 para confirmar esta tendencia.

De acuerdo a los datos recabados por los equipos de alerta temprana –con los que el TSJ sigue de cerca las oscilaciones en la litigiosidad–, en los órganos civiles el incremento se percibe especialmente en el caso de los procedimientos monitorios –que se utilizan habitualmente para la reclamación de deudas–, que repuntan hasta un 118%; y en los casos de cláusulas suelo, que se disparan también un 80%.

Los partidos judiciales de Molina de Segura, Totana y Cartagena, con un incremento de la litigiosidad de un 226%, 144% y 111%, respectivamente, son los más perjudicados por este repunte de la carga de trabajo en la jurisdicción civil. Los de Caravaca y Jumilla, por su parte, son los que salen mejor parados.

La jurisdicción civil es la que refleja con mayor claridad el aumento de la litigiosidad. En los juzgados de lo Social, claves en época de crisis, 2020 también cerró, no obstante, con un incremento del trabajo, aunque más contenido, de un 15% respecto al mismo mes del año anterior. 791 asuntos entraron en estos órganos, un centenar más que un año antes. De acuerdo a los datos del TSJ, solo en el partido judicial de Murcia se ingresaron a lo largo de diciembre 348 demandas de despidos, una media de once al día. Supone un 91% más que en el mismo mes de 2019.

Diciembre supuso para la jurisdicción contencioso-administrativa un aumento de un 5% en la carga de trabajo. Los asuntos de extranjería y aquellos relativos a contratos administrativos figuran entre los que más repuntan.

La jurisdicción mercantil fue la única que registró en septiembre una tendencia a la baja. Los 83 procedimientos que estos órganos ingresaron a lo largo de diciembre supusieron una reducción del 36% en la carga de asuntos. Una 'rara avis' en un contexto de repunte de la litigiosidad.

El TSJ considera que la avalancha se está percibiendo de forma anticipada en los órganos civiles y no en los sociales y mercantiles debido a algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno, como la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o la moratoria para presentar concursos de acreedores. Estas, razonan las fuentes, podrían estar «aplacando los posibles litigios en esas jurisdicciones» y dejarían paso, en un futuro, a una litigiosidad aún mayor que la que refleja ahora la estadística.

La elevada litigiosidad guarda una relación directa con los tiempos de respuesta que, desde hace años, se dilatan excesivamente en los juzgados de la Región. Los abogados denunciaron recientemente que la saturación de algunos órganos está originando que se estén retrasando los señalamientos de los juicios, algunos de los cuales se harán esperar incluso hasta 2023. Este horizonte temporal, a dos años vista, comienza a impactar en los ciudadanos, muchos de los cuales desisten de acudir a los tribunales .