Las asociaciones alertan de la elevada renuncia a denunciar delitos de odio

En ese puesto de trabajo, cara al público, A. reclamó desde el inicio un uniforme femenino. «Me tiré varios meses trabajando con pantalones», relató. «Al final le dije a mi encargado que, por mi salud mental, llevar pantalones no me iba bien. No ayudaba a los clientes a verme como yo me siento». La falda acabó llegando, explica, pero vino acompañada de una carta de despido que le dolió en el alma. «Me dijeron que me echaban por mi baja productividad, pero no es cierto», lamenta. «No me negaron la falda, pero al día siguiente de dármela, me despidieron».

En los últimos años, los delitos de odio -motivados exclusivamente por la pertenencia de la víctima a un determinado grupo social, sexo, religión, raza...- han repuntado y ganado terreno en la Región. El último anuario estadístico del Ministerio del Interior pone de relieve este fenómeno. En 2023, se denunciaron en la Región casi medio centenar (49) de este tipo de delitos, prácticamente el doble que solo un año antes -cuando eran 22-.

Los delitos de odio dejaron más de 1.100 detenidos el pasado año en España, la gran mayoría de ellos relacionados con ataques racistas (545). En Murcia, igualmente, la mayoría de las 31 detenciones están vinculadas a agresiones motivadas por el racismo (17). Aunque menos frecuentes, también se registraron arrestos relacionados con ataques por la orientación o identidad sexual (7), el sexo o género (4) y altercados por la creencia o práctica religiosa de las víctimas (3).

Murcia, con 3,1 denuncias de delitos de odio por cada 100.000 habitantes, se coloca como una de las comunidades con menor actividad policial por este tipo de ataques. De acuerdo con los datos recabados por Interior, solo Aragón (3,06) y Extremadura (2) recaban un menor número de casos.

Esta estadística, sin embargo, apenas permite atisbar una minúscula parte de un fenómeno que, coinciden la mayoría de asociaciones y organizaciones que trabajan con los colectivos objetivo de estos ataques, es mucho más amplio. La intolerancia y la discriminación subsisten en la Región y se manifiestan cada año en forma de agresiones, insultos, humillaciones y amenazas que, en muchas ocasiones, nunca llegan a denunciarse.

No te Prives vincula el aumento de los delitos de odio en la Región con la existencia de más legislación y con una mayor concienciación social. La asociación advierte, sin embargo, de que el repunte de denuncias obedece también «a un aumento real incesante de los delitos» que vinculan con «el discurso de odio proveniente de redes sociales y partidos políticos de derecha y ultraderecha».

No te Prives lamenta, asimismo, que una gran parte de la población agredida aún renuncia a denunciar. En este punto la asociación alude a la polémica sentencia de la Audiencia de Barcelona que ha absuelto recientemente al hombre acusado de un delito de odio por los insultos homófobos que profirió a un joven en un McDonald's el día de la celebración del Orgullo en 2019 en Barcelona al grito de «te voy a hacer heterosexual a hostias». El tribunal censura los improperios del acusado -habla de expresiones «desafortunadas» y «ofensivas»-, pero concluye que no infringen el Código Penal y no son constitutivas de un delito de odio, como pedía la Fiscalía. «De nada sirve tener una de las legislaciones LGTBI+ más avanzadas del mundo si agresiones tan claras como estas quedan impunes y se puede crear un caldo de cultivo para estas tribunas de oradores, púlpitos o redes sociales sin consecuencia alguna», remarcan desde No te Prives.

Carlota García Zapata, abogada de la asociación Murcia Acoge, sostiene que la lucha contra estos delitos ha avanzado, pero reconoce que sigue existiendo miedo a denunciar por parte del colectivo con el que suele trabajar. «Muchos de ellos no disponen de la documentación en regla y tienen miedo a que denunciar implique algún tipo de sanción», explica. García Zapata advierte de que este tipo de ataques «se normalizan mucho» y alerta de que existe un «alto índice de infradenuncia».

Joaquín Sánchez, uno de los representantes de la asociación amigos de Ritsona, recuerda, por su parte, la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia de esta y otras organizaciones contra el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, por unas declaraciones en las que vinculaba la inmigración con la delincuencia. Estas asociaciones ya trabajan en la redacción de una nueva denuncia que pretenden llevar ante un juzgado de Instrucción. «El mensaje que se está transmitiendo es que no sirve para nada», lamenta Sánchez. «A la judicatura le queda mucho trabajo por delante».

La Fiscalía, en su última memoria anual, advierte de la necesidad de que la formación en delitos de odio se generalice. La «pluralidad» de juzgados y la existencia de cuatro fiscales especialistas, argumenta en su informe, dificulta la detección de este tipo de delitos y su «adecuado tratamiento». En este sentido, pone el énfasis en la necesidad de diferenciar si se trata de «una cuestión de mala educación» o si, por el contrario, podría tratarse de un delito de odio en atención a la motivación, perfil de la víctima y otros índices de polarización. «En muchas ocasiones», advierte el Ministerio Público, «los juzgados archivan los procedimientos sin realizar una mínima comprobación, dejando totalmente desprotegida a la víctima». Un problema que, remarca, se podría solucionar con «una mayor especialización o conocimiento de la materia y de las líneas de investigación propias de la instrucción de estos delitos».