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José Antonio Martínez Díez de Revenga, en una imagen de archivo. CHS
El asesor jurídico de Medio Ambiente acusa a la Consejería de «dejación de funciones» por la sentencia del TSJ sobre el Mar Menor

El asesor jurídico de Medio Ambiente acusa a la Consejería de «dejación de funciones» por la sentencia del TSJ sobre el Mar Menor

José Antonio Martínez Díez de Revenga considera que la Comunidad Autónoma «lo ha hecho rematadamente mal»

LA VERDAD

Viernes, 11 de marzo 2022, 14:32

El asesor jurídico de la Consejería de Medio Ambiente, José Antonio Martínez Díez de Revenga, cargó este viernes contra el Gobierno regional tras publicarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que obliga a la Comunidad a sancionar a ocho firmas por sus vertidos al Mar Menor. El instructor de las actuaciones previas, quien inicialmente defendió que la Comunidad no tenía competencia para tramitar «los expedientes de responsabilidad medioambiental contra esas ocho empresas y personas físicas», pese a que después señaló lo contrario, acusó a su propio departamento de hacer «dejación de sus obligaciones legales de reparar los grandes daños ambientales causados al Mar Menor».

Martínez señaló que la sentencia «ha puesto de manifiesto que la Comunidad Autónoma lo ha hecho rematadamente mal» y subrayó que «es la institución y sus representantes los que deben asumir sus responsabilidades en primer lugar». En un comunicado, aclaró que «mi cambio de parecer se produjo cuando, tras varios meses de tramitación, los servicios técnicos de la Dirección General emitieron un informe en el que sostenían, de forma razonada y con sólidos argumentos a mi juicio, que la competente era la Confederación Hidrográfica. Es en ese momento en el que propuse al director general el archivo de las actuaciones previas, y la remisión de todo lo actuado al Organismo de Cuenca».

El funcionario recalcó que «la decisión de archivo, aunque propuesta por mí, es de la absoluta responsabilidad del director general de Medio Ambiente que puede seguirla, rechazarla o modificarla recabando nuevos informes» y que «desde que fui nombrado instructor comuniqué verbalmente al director general que estos procedimientos por ser los primeros que en esta materia se tramitaban en la Región de Murcia y por su enorme complejidad técnica, precisaba un apoyo ya fuera interno o externo de especialistas en diversas disciplinas y conocimientos. Dichos medios en ningún momento se pusieron a mi disposición».

Según explicó, «hasta en tres ocasiones comuniqué oficialmente que es imposible iniciar si quiera estos procedimientos sin que por los servicios técnicos de la Dirección General se determinaran que concurrían los presupuestos legales exigidos».

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