La Asamblea da luz verde a las ayudas a trabajadores en ERTE que no llegan al salario mínimo

La Asamblea Regional cerró ayer el curso político con una sesión plenaria en la que salieron adelante dos proyectos de ley y la convalidación de dos decretos del Ejecutivo de Fernando López Miras, todos ellos relacionados con el impacto de la Covid-19. Uno de estos últimos es el que permitirá que los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), cuyos salarios no lleguen al mínimo interprofesional, reciban una compensación hasta alcanzar los 950 euros. La medida salió adelante por unanimidad.

El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, destaca que las ayudas ascenderán a 2,5 millones de euros y se concederán por el procedimiento de concurrencia competitiva, con prioridad para las rentas más bajas. De esta medidas se podrán beneficiar hasta 30.000 trabajadores.

La convalidación salió adelante por unanimidad, aunque Motas no se libró de las críticas de la oposición. La cuantía prevista no dará para cubrir todas las peticiones, augura la socialista Virginia Lopo. Coincide con María Marín, de Podemos, en que la medida «llega tarde».

En cambio, Míriam Guardiola, del PP, asegura que lo que persigue el decreto es «corregir las deficiencias» del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de empleo, para que «nadie se quede atrás». Valle Miguélez, de Ciudadanos, también denuncia la falta de fondos estatales para políticas de empleo. Juan José Liarte, de Vox, no puso objeciones por el carácter de las ayudas.

El Parlamento también convalidó el decreto que establece sanciones por incumplir las medidas de prevención y contención de la Covid-19. Lo hizo con los votos a favor de PP, Cs y tres de los cuatro diputados de Vox. Pascual Salvador, de este último partido, fue el único que votó en contra; PSOE y Podemos se abstuvieron. La norma contempla multas desde los 100 euros, por no llevar mascarilla, hasta los 600.000 euros, en caso de que se ponga en peligro a más de cien personas en locales públicos o privados por no respetar las medidas de seguridad y contención del virus.

Asimismo, salió adelante la modificación de la Ley de Presupuestos de 2020 para incorporar los fondos estatales destinados a paliar la crisis del coronavirus y modificar partidas ya aprobadas con el mismo fin. El consejero de Hacienda, Javier Celdrán, detalla que el cambio permite sumar unos 98 millones de euros, con independencia de los gastos que ya ha hecho la Comunidad. Además, se flexibilizan las transferencias de créditos entre los capítulos 2, 3, 4, 6 y 7 del presupuesto para destinar determinadas partidas a gastos de la pandemia.

La ley incorpora también un artículo para reutilizar 21 millones del capítulo 1, incluidos para devolver parte de la paga extra detraída a los funcionarios en 2014 pero que una sentencia del Tribunal Constitucional impide abonar. Celdrán indica que ese dinero no se pierde, sino que queda disponible para gasto sanitario y proyectos de reactivación económica y social.

Con más dificultades de lo previsto también salió adelante la ley de Mitigación del Impacto Socioeconómico de la Covid-19 en el área de Medio Ambiente. PP, Cs y Vox votaron a favor. El PSOE lo hizo en contra, igual que Podemos, pese a los acuerdos alcanzados en el periodo de enmiendas con los partidos de gobierno. Los socialistas alegaron que López Miras pretende que las actividades empresariales contaminen más, generen más residuos y utilicen los recursos naturales sin medidas compensatorias.

El de ayer fue el último Pleno del diputado socialista y secretario segundo de la Asamblea, Emilio Ivars, que el viernes dimitirá para reincorporarse en septiembre a la docencia. Sus compañeros le dedicaron afectuosas palabras de despedida y un aplauso que le emocionaron.