La Asamblea reforma su Reglamento para poder reclamar el Estatuto de Autonomía al Congreso

Los diputados regionales del PP y sus aliados expulsados de Ciudadanos y Vox lograron este miércoles sacar adelante la reforma del Reglamento de la Asamblea Regional que permitirá solicitar «en cualquier momento» la paralización de un trámite legislativo en curso. La medida tiene como objetivo pedir al Congreso de los Diputados la devolución del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía para evitar que prosperen las enmiendas de PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Más País dirigidas, fundamentalmente, a limitar los mandatos del presidente regional, poner freno al transfuguismo y garantizar que la dirección de los grupos parlamentarios quedan en manos de los partidos en caso de conflictos internos, como ha ocurrido esta legislatura con Ciudadanos y Vox.

La reforma del Reglamento para introducir un nuevo artículo, el 225, fue aprobada con los 23 votos de los parlamentarios del PP y de los expulsados de Cs y Vox. Se pronunciaron en contra 16 del PSOE (en el momento de votar Manuel Sevilla estaba fuera del hemiciclo) y los dos de Ciudadanos. Pascual Salvador, de Vox, se abstuvo y los dos representantes de Podemos se salieron de la sala para no participar.

En el inicio de la sesión, el Grupo Socialista pidió sin éxito la retirada del punto único de debate y votación debido a las dudas legales suscitadas. En una iniciativa registrada horas antes, Diego Conesa planteó dudas sobre el tipo de mayoría necesaria para adoptar por el Pleno el acuerdo de retirada de la iniciativa legislativa. Recordó que el Estatuto recoge en su artículo 55 la necesidad de una mayoría cualificada de tres quintos para su propia reforma. Así que reclamó que en aplicación del principio jurídico de 'contrarius actus' se exija la misma mayoría para solicitar al Congreso la paralización de la tramitación de la reforma del Estatuto. Los populares y sus socios no la alcanzarían en estos momentos. Pero sí tuvieron los votos suficientes para frenar las pretensiones del PSOE, incluida la petición de un informe jurídico por escrito que hubiera frenado la maniobra.

Diego Conesa, en su última intervención como portavoz socialista antes de oficializar su dimisión como diputado, destacó que el «tiempo y las formas son importantes» en la vida política, y con esta reforma exprés están tirando a la basura doce años de trabajo y negociación política en la Región de Murcia. Recordó que el nuevo Estatuto fue un propósito de diputados de varias legislaturas y pidió no menospreciar ese trabajo con actitudes de «personas inmaduras». Además, acusó a los populares y a sus aliados de romper el consenso y de utilizar «marrullerías» para sortear el trámite de enmiendas, que está perfectamente recogido en la tramitación parlamentaria de iniciativas legislativas.

El portavoz socialista preguntó a los diputados que sostienen al Ejecutivo de Fernando López Miras si es que les preocupa que el nuevo Estatuto recoja la figura de parlamentarios no adscritos y se mostró convencido de que los diputados de la anterior legislatura, los que aprobaron el texto que ahora revisado en las Cortes Generales, aceptarían las enmiendas. Conesa acusó, asimismo, al PP, a los tránsfugas de Ciudadanos y a los expulsados de Vox de utilizar argumentos propios de «independentistas catalanes» para rechazar dichas enmiendas.

En un intento de frenar la operación de quienes sustentan al Gobierno regional, Conesa apeló a la neutralidad del presidente de la Cámara, Alberto Castillo, para frenar la modificación del Reglamento. «Absténgase, señor Castillo. Tenga honor y haga honor del cargo que representa y lo que significa». Pero el presidente no lo hizo. En un último mensaje, Conesa pidió a López Miras no romper el consenso político alcanzado en anteriores legislaturas.

Por el Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín destacó la necesidad de un informe jurídico para una modificación «cuando menos polémica» y calificó lo que estaba ocurriendo en la sesión como una «chapuza». Denunció que el Reglamento no se puede cambiar según las necesidades del Gobierno y, citando a Montesquieu, denunció la transformación de la Asamblea en una «democracia bananera» dirigida por un «tirano» como «si fuera su cortijo».

Igualmente, el diputado de Ciudadanos Juan José Molina denunció la «democracia a la carta» que se aplica en la Región de Murcia y vaticinó que el cambio reglamentario acabará en los juzgados por sus dudas legales. Compartió los argumentos de Conesa sobre la necesidad de una mayoría cualificada para abordar todo lo relativo al Estatuto.

Juan José Liarte, portavoz del Grupo Vox, recordó que el debate fue ordenado tras escuchar el informe jurídico 'in voce' de la letrada asistente a la Junta de Portavoces y pidió al resto de grupos que no intenten desacreditar a los expulsados de Cs y Vox ya que ellos fueron expulsados, dijo, por anteponer el cumplimiento de la ley a los intereses de partidos. Asimismo denunció que un diputado socialista, Alfonso Martínez Baños, ya les anunció que ajustarían cuentas políticas en Madrid por no haber prosperado la moción de censura del PSOE y Ciudadanos a López Miras. Al margen de ello, Liarte defendió la necesidad de articular un mecanismo para que la Asamblea pueda defender la soberanía del pueblo regional en lo que afecta a sus leyes propias.

En relación a lo argumentado por Liarte, el portavoz del Grupo Ciudadanos, Francisco Álvarez, acusó a la «alianza de izquierdas» de romper el consenso alcanzado en la Asamblea la pasada legislatura y de traicionar la voluntad de los murcianos con unas enmiendas «sectarias y revanchistas». Aseguró que el texto que ahora cuatro grupos políticos quieren modelar en el Congreso de los Diputados no habría salido nunca de la Asamblea y se mostró favorable a rescatar el Estatuto para volver a discutirlo en su lugar de origen.

Mientras tanto, el portavoz popular, Joaquín Segado, pidió no perder de vista que lo que se trataba en la sesión era la reforma del Reglamento obviando los verdaderos objetivos que se persigue con ella. No obstante, los dejó al descubierto cuando acusó a los socialistas de apoyarse en los diputados independentistas catalanes y soberanistas vascos para lograr cambiar el texto del Estatuto: «Han introducido enmiendas para organizarnos el gobierno en la Región con los votos de ERC y Bildu». Asimismo rechazó las acusaciones de romper el consenso, porque solo el PP ha respetado íntegramente ese texto sin introducir enmiendas a lo que votaron sus diputados la pasada legislatura. Por último pidió a sus adversarios políticos que retiren sus 53 enmiendas con el compromiso del PP de no acogerse al cambio reglamentario para reclamar el Estatuto.

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