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El último Pleno del curso político en la Asamblea Regional aprobó este miércoles, con división, la sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo al diputado de Podemos Víctor Egío. Las causas son interrumpir una sesión plenaria cuando comenzaba una votación, empeñado en replicar al portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, que lo acusó de llevar seis meses sin aparecer por la Asamblea cuando en realidad disfrutaba de un permiso de paternidad; y no acatar la orden de la presidenta, Visitación Martínez, que lo expulsó de la sala antes de suspender el debate.
El primer diputado sancionado en cuatro décadas de parlamentarismo autonómico purgará en agosto, mes sin actividad legislativa, por lo que solo lo notará en el bolsillo. Pero antes de iniciar la sanción dejó otra imagen insólita en la Cámara: la de sus manos alzadas con una gruesa cadena rodeando sus muñecas para denunciar lo que él considera una sanción injusta y un intento de silenciarle.
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Atado de manos ante el Pleno Egío concluyó un alegato que empezó también de manera inusual: enseñando a la bancada de Vox una foto del futbolista Lamine Yamal con la intención de demostrar que su país es «plural y diverso». Luego defendió que España también lidera los derechos de la comunidad LGTBI y es un lugar de acogida para la inmigración; denunció que la Región de Murcia se sitúa a la cabeza de los indicadores de fracaso escolar y describió su presencia en el Parlamento como el triunfo de la clase trabajadora, a base de esfuerzo, frente a los que prosperan socialmente por medio de la religión, entre otros argumentos que aparentemente nada tenían que ver con el asunto a debate.
Además, puso el foco en que era «condenado en un juicio sumarísimo por el diputado que me atacó con sus bulos por disfrutar de un permiso de paternidad y por la presidenta que no me permitió defenderme».
Egío no convenció a los diputados del PP y de Vox, que votaron a favor de sancionarlo por, entre otras razones, considerar que obviar el Reglamento sentaría un mal precedente, dijo el 'popular' Joaquín Segado. Podemos obtuvo el apoyo del PSOE, cuya diputada Carmina Fernández denunció «demasiados» episodios de «menosprecio» y «burla» por parte de los partidos conservadores y defendió un parlamentarismo serio pero más flexible, en alusión a la presidencia, y con menos «circo», por los diputados morados y de Vox.
La viceportavoz de esa última formación, María José Ruiz, insistió en que Egío faltó «a más de un 60% de sus obligaciones». E insistió: «Yo también fui madre al inicio de la legislatura y a mí se me informó que los diputados no tenemos derecho al permiso de paternidad o maternidad como tal. Una cosa es conciliar y otra cosa es ausentarse del trabajo».
Los hechos desencadenantes de la sanción ocurrieron el pasado 26 de junio. En el transcurso de una sesión plenaria, el portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, acusó al diputado de Podemos de faltar seis meses a la Asamblea y éste pidió la palabra, por alusiones, para aclarar que no era cierto, sino que disfrutaba de permiso de paternidad tras ser padre el día 16 de abril. Pero Visitación Martínez había iniciado un turno de votaciones y le negó la réplica. Comenzó ahí una bronca por la que Egío fue expulsado. Tras su negativa a salir de la sala, la presidenta suspendió la sesión. La Comisión del Estatuto del Diputado del Parlamento autonómico consideró que Egío cometió infracciones «graves» recogidas en el Reglamento, como son interrumpir una votación ya iniciada y no acatar la orden de la presidencia. Podemos anunció un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que revoque la sanción.
PP y Vox no solo votaron conjuntamente en la Asamblea Regional a la sanción del diputado de Podemos Víctor Egío. También para sacar adelante la iniciativa 'popular' para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley de Amnistía que borra los delitos del 1 de octubre en Cataluña.
El portavoz del PP, Joaquín Segado, dijo que la ley de Amnistía es una «herramienta corrupta puesta al servicio de un gobierno acosado por escándalos más graves». El juramento o promesa que hicieron como diputados «obliga a votar con un rotundo sí a este dictamen».
Según el diputado del PP, dicha ley supone «un atentado contra principios fundamentales de la Constitución y debemos utilizar todos los medios que el ordenamiento jurídico pone al alcance de nuestra mano para pararlo, no podemos tratar esta ley como si fuera un hecho aislado».
El portavoz de Vox Rubén Martínez apuntó que esa ley constituye el «atentado más grave padecido por los españoles honrados que cada día madrugan por ganarse el pan y sufren de las decisiones del gobierno».
Sin embargo, para los socialistas, esa norma permite «la pacificación social, cancelar el pasado y crear una situación de convivencia nueva. Este caso reúne los tres requisitos», según el diputado Alfonso Martínez Baños. «Gracias a la ley de Amnistía los catalanes se sienten más españoles y lo hemos podido comprobar en las recientes elecciones, eso es muy bueno», dijo.
Podemos no votó al considerar que se «desacredita aún más si cabe» a la Asamblea, «que cada día se aleja más de los problemas reales de los vecinos», dijo María Marín.
La Asamblea designó a la letrada de la Cámara Irene Bas para ostentar la representación de la misma ante el Tribunal Constitucional en este recurso.
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