La Asamblea descarta pedir cuentas por la pasividad en la Sierra Minera

Ha resultado incompleta, por tardía en la legislatura, y para disgusto del Grupo Parlamentario Podemos no señalará responsabilidades políticas y técnicas por la pasividad durante los últimos treinta años de las administraciones públicas. Pero sí que dará a estas, en especial al Gobierno regional, un mandato claro: actuar cuanto antes, con eficacia y con participación social. Así puede resumirse el resultado de la ponencia sobre la problemática socioambiental de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, cuyas conclusiones serán aprobadas por la Asamblea Regional la próxima semana, en el último Pleno de la legislatura (salvo que haya uno el 1 de abril para la reforma del Estatuto de Autonomía).

Los grupos políticos alcanzaron ayer un principio de acuerdo sobre su diagnóstico acerca de la contaminación que padece la zona, donde hay decenas de balsas de residuos (terreras), antiguas minas y otros suelos pendientes de sellar y restaurar desde hace más de treinta años. Además, los primeros estudios oficiales han revelado que niños, madres y otros adultos de Llano del Beal y otros pueblos tienen metales pesados en su organismo, aunque la Comunidad insiste en que no superan los valores de referencia fijados por la Organización Mundial de la Salud.

Las principales propuestas de la ponencia parlamentaria serán que la Consejería de Medio Ambiente active «lo antes posible» las medidas previstas en el Plan de Recuperación Ambiental de los Suelos Afectados por la Minería (Prasam); que este documento esté «lo más consensuado», lo que implica la participación de la sociedad civil; y que disponga del presupuesto necesario.

Se trata, en palabras de la presidenta de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, Yolanda Fernández, de «dar tranquilidad a los vecinos». La diputada socialista destacó que, para ello, en el encuentro de ayer y a pesar de las diferencias, los representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos lograron introducir un pacto amplio.

La parlamentaria de Podemos María Giménez valoró de hecho el «buen trabajo» de todos los grupos al incluir referencias a la situación de los cotos mineros de Mazarrón. Eso sí, como grupo que impulsó la ponencia criticó que el resto de partidos rechazara su propuesta de exigir responsabilidades políticas a los dirigentes de las administraciones competentes, por su «inactividad» y por haber «abandonado» a los vecinos durante tres décadas.

«Hay miles de personas conviviendo con metales tóxicos peligrosos para la salud», afirmó Giménez. Y señaló que, si bien habrá «referencias a la responsabilidad de la empresa Portmán Golf, como responsable» de la contaminación, «el dictamen no es lo suficientemente contundente».

En el caso del PP, Víctor Martínez-Carrasco lamentó que, al haber iniciado sus trabajos la comisión a finales de 2018, no ha dado tiempo a celebrar comparecencias de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que pertenece al Ministerio de Transición Ecológica, dada la contaminación de las ramblas; y de los propietarios de los terrenos, los cuales «seguro que hubiesen aportado muchísima luz». Puso el acento en que el Prasam es un instrumento válido, cuyas medidas concretas deben ser marcadas por los especialistas y no por los políticos. «Nuestra misión no es esa», dijo Martínez-Carrasco, y defendió que las conclusiones sean «muy genéricas».

«Hemos intentado hacer un trabajo rápido y unas conclusiones que puedan servir para el futuro», apuntó en todo caso la socialista Yolanda Fernández acerca de la premura de los trabajos y de no haber abarcado todo lo que los grupos deseaban.

A los propietarios de los antiguos emplazamientos de minería metálica -de los que fueron extraídos materiales como plomo y zinc- se refirió, precisamente, el diputado de Cs Luis Fernández, quien remarcó la necesidad de que la Administración autonómica acabe ya con su «dejación de funciones» y decrete el cese de las concesiones mineras a la empresa cartagenera Portmán Golf. Se trata, argumentó, de un paso obligatorio para poder declarar los suelos contaminados y, de esa forma, poder exigir a los propietarios de los terrenos su descontaminación.

Fernández aludió así a las palabras del director general de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo, quien hace unos días admitió en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua que la Comunidad carece por ahora de instrumentos legales para obligar a los dueños a limpiar.

Fuentes de Portmán Golf aseguraron que sus concesiones mineras cumplen con los requisitos legales. Y en la Consejería de Medio Ambiente indicaron que ya hay en marcha varias «actuaciones para estabilizar las instalaciones de residuos mineros abandonadas y la búsqueda de acuerdos voluntarios con los titulares de los emplazamientos contaminados». Además, el Grupo de Trabajo del Prasam está analizando la creación de un Comité de Expertos para el Asesoramiento Científico y de un Comité de Participación Social.