Arrecian las protestas contra el cese de contratos en las residencias públicas de la Región

«Es inviable una atención adecuada a las personas que residen en muchos centros si respetamos los decretos e instrucciones que existen actualmente y se recorta en personal, como se pretende hacer a finales de este mes». Así de contundente es la advertencia que lanza el sindicato UGT al referirse al cese de los 165 contratos de refuerzo Covid que la Consejería de Política Social tiene previsto acometer esta semana, y que afectará a los once centros de titularidad pública que dependen de la Comunidad Autónoma. Una advertencia que ya lanzó el lunes el sindicato CC OO con una concentración a las puertas de la sede del Instituto Murciano de Acción Social (Imas). A esto se suma, recuerdan las mismas fuentes sindicales, «el 'handicap' que supone el hecho de que ya no contamos con el apoyo y la tutela del Corecaas en los centros que actualmente están con brotes activos».

Además, UGT volvió a exigir ayer al Imas y a la Consejería de Política Social que «asuman sus responsabilidades» en lo que se refiere a «impulsar un nuevo modelo de atención residencial» –uno de los compromisos que adquirió la consejera y vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, al llegar al cargo–, y que «establezca procedimientos claros en esta etapa de nueva normalidad donde necesitamos proteger a la población vulnerable». Asimismo, el sindicato «está realizando consultas técnicas y jurídicas», según las mismas fuentes, con el objetivo de «modificar el decreto de ratios de personal de atención directa en estos centros». En base a estas consultas, UGT estima que las ratios en los centros dependientes del Imas deberían experimentar un incremento de al menos el 10%, y recuerdan que «se sigue manteniendo la orden conjunta del Servicio Murciano de Salud (SMS) y el Imas donde se establece que la sectorización de los centros requiere una mayor dotación de personal».

A la concentración del lunes de CC OO le seguirá otra este viernes por el mismo motivo, convocada en este caso por el Sindicato de Enfermería Satse a las puertas de la Consejería de Hacienda. Fuentes de esta organización tildaron el cese de los contratos de «despropósito», y criticaron que los responsables de la Comunidad «no tienen intención de hacer estructurales ninguna de estas plazas, como hemos pedido en multitud de ocasiones».

A juicio de Satse, «no se valora la atención que se presta en las residencias ni en los centros ocupacionales», y el sindicato teme que «la Administración quiera que volvamos a las ratios anteriores a la pandemia».

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