Arranca la designación de 93 personas para la gobernanza del Mar Menor

Los distintos procesos de elección de estos delegados, previos a la designación oficial, se han acelerado en las últimas semanas. Ello, por el empuje de la Consejería de Medio Ambiente en el desarrollo de la ley regional y por la expectativa de grupos vecinales, ecologistas y políticos de que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) apruebe, por fin, el reglamento de desarrollo de la ley estatal.

Algunos de ellos esperaban que la nueva ministra, Sara Aagesen, hubiera llevado el texto al Consejo de Ministros del pasado martes, cosa que no hizo y que según fuentes de su departamento tampoco prevé hacer la próxima semana. En la etapa de Teresa Ribera, el Miteco optó por esperar a que el Tribunal Constitucional (TC) resolviera el recurso de Vox contra la ley, desestimado finalmente el 20 de noviembre. Casi tres meses después, el Ministerio sigue puliendo el reglamento, de cuya versión definitiva se ha filtrado un borrador que circula entre diferentes organizaciones ciudadanas y ambientalistas. A pesar de las reservas expresadas en enero de 2024 por el Consejo de Estado en un informe preceptivo pero no vinculante, tras el aval del TC el Gobierno pretende mantener el protagonismo de la Comisión Promotora de la ILP en los primeros años de desarrollo de la ley. Siete de los ocho miembros de este grupo, liderado por la profesora de Filosofía del Derecho de la UMU Teresa Vicente, ocuparán los puestos reservados a personas de la ciudadanía en el Comité de Representantes, hasta que se realice el proceso de selección de otras personas.

Como 'guardianes' de la laguna, los promotores de la ILP también realizarán la convocatoria y supervisarán el procedimiento de designación de los once miembros de la Comisión de seguimiento. Saldrán de sectores económicos, sociales y medioambientales, que deberán acreditar su trayectoria previa en la defensa del ecosistema del Mar Menor.

Como primer hito, el reglamento –que ya salió a información pública en 2023– plantea que la Comisión de Seguimiento apruebe «antes del 30 de junio de 2025» las normas de selección de los siete representantes de la ciudadanía que se integrarán en el Comité de Representantes.

En este contexto, a nivel interno y por separado, los gobiernos regional y central, los diez ayuntamientos de la cuenca, universidades y centros de investigación, así como la patronal Croem y grupos ciudadanos y ecologistas han mantenido reuniones para acordar qué personas consideran más idóneas para cada puesto. Respecto a la ley estatal, para la Comisión de seguimiento los nombres acordados son Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción; Ramón Pagán, de Pacto por el Mar Menor; y Antonio Vidal, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac). Croem se decanta por Ana Correa, presidenta de la patronal COEC. Así lo confirmaron a LA VERDAD fuentes de estas organizaciones.

Las propuestas se elevarán a los diferentes órganos que recogen ambas leyes, todos ellos pendientes de constituir: el Consejo del Mar Menor y el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, diseñados en la ley que aprobó la Asamblea Regional; y el Comité de Representantes, la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico, los tres entes que conforman la Tutoría del Mar Menor según la ley de personalidad jurídica del Mar Menor (conocida como 'ILP' porque la precedió la Iniciativa Legislativa Popular apoyada con 640.000 firmas).

En cuanto a la ley autonómica, en el Consejo del Mar Menor estarán Graziela Nortes, responsable del área de medio ambiente de Croem; Ana Correa, presidenta de COEC; Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena; y José Blaya, patrón mayor de la cofradía de pescadores de San Pedro y Vicente Carrión (COAG). En el Comité Científico participarán, entre otros, Ángel Pérez Ruzafa (UMU), Ángel Faz (UPCT) y Gonzalo González Barberá (Cebas-CSIC).

Dentro de esta madeja institucional, hay un precedente de coordinación entre el Gobierno regional de Fernando López Miras y el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido entonces por Teresa Ribera: la activación, en abril de 2024, de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor. Se trata de un órgano de coordinación con diecinueve componentes (entre ellos el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán), y que abordó cuestiones como el desmantelamiento de 9.000 hectáreas de regadío ilegales en el Campo de Cartagena y las medidas socioeconómicas para hacer compatible el mantenimiento de la naturaleza con las actividades humanas (agricultura, ganadería, turismo y otras).

Esta Comisión acordó crear dos grupos técnicos de trabajo, uno de ellos para recoger datos que justifiquen posibles medidas de emergencia, y otro equipo para evitar solapamientos. La duplicidad de órganos y actuaciones es uno de los temores compartidos por distintas instituciones y entidades consultadas por este diario. Incluso, se barajó la idea de que un mismo comité, como el científico, sirviera para aplicar ambas legislaciones sobre el Mar Menor con la mayor agilidad y eficacia posibles.