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El exarquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Águilas acusado de falsear las certificaciones de unas obras en la urbanización Calarreona en 2008 se ... apoyó ayer en planos y en una pizarra para defender su inocencia a capa y espada. Este profesional, para el que la Fiscalía reclama hasta diez años y medio de cárcel y 16 años de inhabilitación, reconoció ante el jurado popular que estudia el caso en la Audiencia que los trabajos que se realizaron en este enclave aguileño, de arreglo de las calles, no se correspondían exactamente con el proyecto, pero subrayó que «la obra se ejecutó cumpliendo el objetivo del mismo».
Andrés C., que ejercía como técnico director de ejecución del Ayuntamiento, sostuvo que el proyecto para estas obras contenía errores y que había partidas del mismo «que estaban mal metidas». Ante esa situación, según su relato, decidió, junto al entonces arquitecto municipal –ya fallecido– y al responsable de una de las empresas adjudicatarias –que también se sienta en el banquillo defendido por el abogado Miguel Pardo–, llevar adelante la obra, aunque esta no respondiese al proyecto. «Hubo que ajustar las partidas a la realidad física que nos encontramos», sostuvo el procesado, que está siendo defendido por el letrado Pablo Pérez Sola.
Andrés C. explicó que la otra opción posible era modificar el proyecto, pero entendieron que se podían acabar las obras correctamente con el presupuesto que existía. «Parar y hacer un proyecto nuevo era dilatar eso en el tiempo, cuando las calles estaban intransitables y la presión de los vecinos era máxima», remarcó. El procesado hizo hincapié en que la obra acabó costando unos 510.000 euros, unos 8.000 menos del importe por el que se había adjudicado. Andrés C. defendió, además, la calidad de los trabajos realizados en Calarreona. «Catorce años después está todo estupendo», recalcó.
El Ministerio Público entiende, sin embargo, que el exarquitecto técnico municipal incurrió en un delito continuado de falsedad en documento público y otro de malversación que causaron a las arcas locales un detrimento de 153.777 euros, del que exige que el acusado responda civilmente junto a las empresas adjudicatarias. El fiscal sostiene que Andrés C. y el otro acusado expidieron, obrando ambos concertadamente y con conocimiento de su carácter falaz», cuatro certificados de obra. Subraya, no obstante, que no se llegó «a ejecutar realmente lo reflejado» y, además, «lo realizado materialmente lo fue con materiales de calidad distinta e inferior» a la que se fijaba en el proyecto.
Hoy, miércoles, le llegará el turno a los testigos. Está previsto que, entre otros, declaren ante el jurado popular algunos de los propietarios de la urbanización Calarreona, que fueron los que, a través del Ayuntamiento, costearon los trabajos y que se encuentran personados como acusación particular.
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