
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Al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura le ha salido por la culata la denuncia que interpuso contra el exalcalde del PP ... Eduardo Contreras por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Las diligencias acaban de ser archivadas y además el juez instructor asesta un duro varapalo a la acusación particular, ejercitada por el Consistorio, por haberse desentendido de la investigación en momentos clave de la misma y por lo que, en la mejor de las hipótesis, califica como «un inédito desconocimiento» del letrado en determinada materia de derecho procesal penal. Poniéndose en lo peor habría que sospechar de un intento de confundir al magistrado con una manipulación intencionada de un texto legal, pues el letrado de la acusación aseguró en un recurso que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que se podrá prorrogar la instrucción «si así lo solicita el Ministerio Fiscal o alguna de las partes personadas», cuando lo cierto es que la redacción textual de ese precepto solo menciona al fiscal.
El magistrado instructor, que califica tal hecho como «increíble», prefiere considerar que se trata simplemente «de un inédito desconocimiento» en materia procesal, como ya se ha señalado, a algo que sin duda merecería una consideración mucho más grave.
El segundo reproche a esta acusación particular por parte del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Molina, Andrés Zaplana, se refiere a que ni siquiera estuvo presente durante las declaraciones de los investigados. «Ni se dignó a comparecer -le recrimina-, ni tampoco dio explicaciones para su ausencia, a pesar de que había tiempo de sobra para haberlo hecho y a pesar, también, de que era la única parte interesada en el mantenimiento o ejercicio de la acción penal, a la vista de la reiterada postura del Ministerio Público de proceder al sobreseimiento» de la causa.
Al margen de esta reconvención, el instructor deja constancia en su auto de que la investigación sobre una supuesta adjudicación irregular de un contrato municipal de telefonía, en los tiempos en que era alcalde Eduardo Contreras, no ha ofrecido indicios suficientes de delito como para seguir adelante. Así, respecto de la antigua edil Remedios López se afirma que ni siquiera era concejal cuando se procedió a adjudicar ese contrato.
Y sobre los viajes pagados a varios altos cargos municipales por la compañía Telefónica, que era la que se había quedado con el servicio, el juez considera que el valor de los mismos era tan escaso que difícilmente se puede englobar en un delito de cohecho. A lo cual se suman las explicaciones dadas por los investigados de que se trataba de cursos de formación para poder aplicar esas nuevas tecnologías, que es algo que vendría ratificado por el propio contenido del contrato.
Por último, a la hora de valorar un documento que parecía indicar que habían existido conversaciones previas entre altos responsables municipales y directivos de Telefónica, y que de haberse demostrado su autenticidad podría haber puesto en un difícil brete al exalcalde Contreras, el magistrado recuerda que se trata de una fotocopia y que ni siquiera está firmado. Cuestión por la que ni siquiera es posible encargar una pericial caligráfica.
En tales circunstancias, señala el instructor, solo cabe el archivo.
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