Aprueban la construcción de 416 nuevas viviendas en La Manga en plena moratoria

El Ayuntamiento de San Javier ha concedido la licencia a los promotores, ya que, «si cumplen con los requisitos y están en suelo urbano consolidado de una gestión de planeamiento anterior, hay que concederles la autorización», explica el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez. Tanto el plan para construir 300 nuevas viviendas en el polígono M, en los alrededores del pabellón deportivo, como el de 116 apartamentos turísticos en el polígono D, al lado norte del puente del Estacio, se gestionaron antes de aprobarse la moratoria. «Los propietarios tienen sus derechos de edificación», afirma el edil.

Lo que la veda urbanística ha frenado es el desarrollo de suelo no consolidado, con la excepción de los que la Comunidad Autónoma considere de interés público. En el caso de estas nuevas promociones en La Manga de San Javier, el edil confirma que «cumplen con las normas subsidiarias y cuentan con informes positivos de la Confederación Hidrográfica del Segura y de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla», que respaldan el abastecimiento de agua potable para los futuros ocupantes. Sobre el suministro eléctrico, Iberdrola ha invertido en reforzar sus infraestructuras en La Manga «para garantizar el servicio de nuevos desarrollos», explica Martínez. También el espacio para los estacionamientos de vehículos está garantizado en el proyecto, según confirma el edil.

Con todos los requisitos cumplidos sobre el papel, no deja de llamar la atención la planificación de nuevas torres en la orilla más masificada del Mar Menor. «La Manga está ya bastante al máximo de su capacidad», afirma el concejal de Urbanismo, quien confirma «una reactivación del sector, con nuevas ocupaciones de parcelas, también con viviendas unifamiliares». Ante el desequilibrio entre la abundancia de segundas residencias, que fuerzan una marcada estacionalidad turística y la escasez de plazas hoteleras, el concejal reconoce que «preferiríamos que hubiera más alojamientos para el sector terciario».

No quedan ya muchas parcelas por urbanizar en esta lengua de arena que fue paraíso de dunas, liebres y vientos cruzados entre el Mediterráneo y el Mar Menor. Por desarrollar quedan «cinco parcelas urbanas no consolidadas, más las hoteleras que hay en el rosetón de Veneciola», informa el concejal.

En el entorno del Mar Menor, los ayuntamientos conceden un goteo constante de nuevas licencias de obra, que revela el aliento permanente del sector. En Los Alcázares también se nota el nuevo tirón del sector de la construcción. Según el concejal de Urbanismo, Pedro Sánchez, se ha reactivado el interés por edificar las parcelas unifamiliares en la Torre del Rame tras la sentencia que desbloqueó las licencias en esta urbanización tras años de conflictos legales. Esta urbanización en la zona sur del municipio tiene aún pendiente más del 70% de su espacio urbano por ocupar.

Las licencias que salen con sello del Consistorio son, sobre todo, de chalés unifamiliares y alguna promoción de dos pisos con piscina, como la reciente autorizada en Los Narejos. «Ya no hay grandes desarrollos porque pocas empresas tienen capacidad económica para llevar a cabo un desarrollo urbanístico desde cero», explica el edil.

En San Pedro del Pinatar, se han concedido en lo que va de año 35 licencias, un tercio de las autorizadas en todo el año pasado. Tampoco hay grandes promociones, sino más bien chalés con piscina, rehabilitaciones y ascensores. Solo destacan cinco promociones que suman 44 viviendas en total. «San Pedro es un municipio con escasa extensión y el nivel de licencias de obra se mantiene desde 2019», indica la concejal de Urbanismo, Ángela Gaona.

El temor que ya ha expresado Unidas Podemos es el de una explosión inmobiliaria cuando termine la moratoria urbanística, en agosto de 2023. Creen que pueda haber numerosos proyectos esperando en la línea de salida, por lo que piden a los ayuntamientos costeros que apliquen por su cuenta nuevas moratorias. El Ayuntamiento de Los Alcázares no descarta una ampliación del barbecho inmobiliario. «Exigimos a los municipios de la cuenca acciones contundentes para salvar la laguna», pide la diputada de UP, María Marín. Apela a los alcaldes ribereños para que «establezcan nuevas moratorias tan pronto termine la de la Ley del Mar Menor». El partido morado hace un llamamiento a «anticiparnos a ese futuro catastrófico que sería un gobierno de PP y de Vox». Marín recuerda «el auge de la ultraderecha, que es negacionista en cuestiones ambientales, y ya ha anunciado que anulará la moratoria, fundamental para no seguir agrediendo a la laguna».