El TSJ aprecia un riesgo para una docente encinta que trabaja con discapacitados

Ser profesora en un centro de educación especial en el que la mayoría de alumnos tienen deficiencias graves y trastornos de conducta ha sido considerado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una condición más que probada para conceder una prestación por riesgo de embarazo.

El TSJ desestimado el recurso presentado por una mutua contra la sentencia de un juzgado que ya habría reconocido el riesgo de la profesora encinta y condenó a la mutua al pago de dicha prestación, en la cuantía reglamentaria. El juzgado declaró probado que la demandante, embarazada y con fecha probable de parto hacia el 25 de enero de 2017, presentó en septiembre de 2016 ante la Consejería de Educación la documentación necesaria para tramitar la solicitud de la prestación. Entre los documentos aportados a la mutua se encontraba un informe del Servicio de Salud Laboral de la Consejería, que estimó que el riesgo del puesto de trabajo era medio-alto.

La profesora alegó que en el centro estaban escolarizados alumnos con problemas graves de conducta, como reacciones de agresividad, mordiscos, empujones, lanzamiento de objetos y otras cosas.