San Antón sigue sin futuro tres años después de su venta a un hospital

«Pocilga infecta, indigna de refugiar seres humanos». De la cárcel de San Antón de Cartagena hablaba en esos términos la abogada y política Victoria Kent en los últimos tiempos de la República. Y pese a que se comprometió a «hacerla desaparecer», el viejo penal se mantuvo en funcionamiento hasta su cierre en mayo de 2002.

Fue en 1930 cuando el Ayuntamiento de Cartagena cedió el terreno para construir una cárcel que pocos años después se convirtió en el principal centro represor del franquismo. Solo entre abril y diciembre de 1939 fueron detenidos y cumplieron condena 2.453 personas, casi todas civiles y la mayoría de Cartagena, La Unión, Fuente Álamo y San Javier. El 96% eran presos políticos, según los estudios del historiador Martínez Ovejero.

El edificio es ahora propiedad del Hospital Perpetuo Socorro, que lo adquirió por medio millón de euros en enero de 2017, tras varias fallidos intentos y cuando era despreciado por las administraciones que ahora frenan su derribo parcial, invocando interés histórico y cultural que antes no vieron. Por sus celdas pasaron miles de presos comunes, algunos de ellos tan populares en su tiempo como el Lute, cuyos frecuentes traslados llenaban las calles del barrio donde está enclavado y que le da nombre de guardias armados hasta los dientes. En sus últimos años fue reclusión para etarras condenados por graves delitos de sangre.

San Antón tuvo como histórico antecedente el antiguo cuartel de presidiarios y esclavos, construido a finales del siglo XVIII y que se mantuvo como tal hasta 1945. Francisco Machado, hermano de los poetas, trabajó como funcionario en su última etapa, cuando ingresaron sus reclusos más ilustres, los miembros del comité de huelga de agosto de 1917. Al frente de ellos estaban el dirigente socialista Julián Besteiro y quien luego fue ministro y presidente del Gobierno Francisco Largo Caballero. El edificio fue reconvertido en Cuartel de Instrucción de Marinería y ahora es la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT.

De la prisión que ya no quedan vestigios en el lugar que ocupó es la Militar de Santa Lucía, reducida a escombros en 2008. Había sido cerrada diez años antes y Defensa hizo caja vendiéndola a unos empresarios de Murcia interesados por unos terrenos que siguen vacíos. A finales de 1982 llegó a ella el teniente coronel Antonio Tejero para pasar 234 días de condena por el golpe de Estado del 23-F.