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Francisco Álvarez cesa hoy como consejero de Empleo, Investigación y Universidades del Gobierno regional para ser el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea Regional en un golpe de efecto de los diputados tránsfugas naranjas para garantizar la mayoría absoluta al Ejecutivo de coalición del que forman parte y al que la semana pasada también se sumaron los expulsados de Vox con la llegada de Mabel Campuzano a la Consejería de Educación y Cultura. El propio Álvarez adelantó su cese, publicado hoy en el BORM, en la reunión celebrada ayer por la tarde en Cartagena entre los tres diputados expulsados de Cs –él, Isabel Franco y Valle Miguélez– y la líder de los naranjas, Ana Martínez Vidal, el hasta ahora portavoz del grupo, Juan José Molina, y el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo. El nombramiento de Álvarez salió adelante gracias a la abstención de Castillo, quien será suspendido de militancia. El notario Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro levantó acta del encuentro a instancias de Miguélez.
Con esta maniobra política, los expulsados se aseguran el control del grupo y su presencia en la Junta de Portavoces de la Asamblea, un órgano de gobierno que tiene una función clave: establecer la actividad parlamentaria semanal, incluidas las comparecencias de los miembros del Consejo de Gobierno para rendir cuentas ante la oposición. Las funciones que desempeñaba Álvarez en el Ejecutivo serán asumidas temporalmente por Valle Miguélez.
Además, los diputados disidentes de Cs acordaron apartar de los puestos de responsabilidad de las comisiones a Molina y a Martínez Vidal. Molina, hasta ahora presidente de la Comisión de Educación y Cultura, será relevado por Álvarez. El ya exconsejero también dirigirá la de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, en la que sustituye a Miguélez, que es responsable de esta misma área en el Gobierno autonómico. Igualmente, ocupará las secretarías que les corresponden a Cs. Por su parte, Franco y Miguélez se repartirán el resto de puestos en las comisiones con la aparente precaución de no estar en aquellas correspondientes a sus responsabilidades de gobierno. Molina y Martínez Vidal solo tendrán presencia en la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano, prácticamente inactiva, como vicepresidente y miembro, respectivamente.
Los tránsfugas también se aseguran su presencia en la comisión de investigación de la vacunación de altos cargos regionales, impulsada en febrero por el partido naranja. Miguélez deja la presidencia en manos de Álvarez, pero se mantiene en ese grupo desplazando a Molina.
Éste y Martínez Vidal informaron de lo sucedido ayer a la Ejecutiva nacional de su partido, que preside Inés Arrimadas, para que tome cartas en el asunto. Su primera medida será abrir expediente de expulsión a Alberto Castillo, según la diputada: «Ha propiciado [con su abstención] que una persona expulsada de Ciudadanos y que es un tránsfuga sea ahora el portavoz parlamentario». Añadió que, horas antes de la reunión, el presidente de la Asamblea garantizó a dos directivos de su partido que «no habría sorpresas». La siguiente decisión será analizar la validez jurídica del movimiento de Álvarez, Franco y Miguélez, cuestionada por los dirigentes naranjas desde el prisma ético y estético, debido a la «anomalía» que supone mezclar los poderes legislativo y ejecutivo. «El PP ha pasado de tener 16 diputados a 23 comprando voluntades. Es un espectáculo lamentable», dijo Martínez Vidal.
Igualmente, cuestionó la legalidad de un reglamento de funcionamiento interno del grupo presentado por Álvarez en la reunión y la petición para que Molina se abstenga de hacer movimientos económicos en las cuentas del grupo hasta su relevo.
Los cambios propiciados por los expulsados de Cs serán comunicados mañana a la Mesa y la Junta de Portavoces de la Asamblea. Si ambos órganos no ponen impedimento, Álvarez será portavoz automáticamente. Martínez Vidal y Molina no descartan que este asunto acabe en los tribunales. Tampoco, la posibilidad de pasar ambos al Grupo Mixto.
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Lo ocurrido ayer en Cartagena es la última consecuencia de la fallida moción de censura conjunta de Cs y PSOE para arrebatar la presidencia de la Comunidad a Fernando López Miras. Al respecto, Inés Arrimadas, reconoció ayer que su formación cometió errores a la hora de comunicar a la ciudadanía los motivos que les llevaron a presentar dos mociones de censura, incluida la que prosperó en el Ayuntamiento de Murcia, pero descartó dimitir por el amplio apoyo interno con el que fue elegida para dirigir su partido hace un año.
En declaraciones a laSexta, Arrimadas señaló que lo hicieron «rematadamente mal» para que se hablase solo de las mociones contra el PP en la Región y en la capital y no tanto de los casos de corrupción que, según Cs, motivaron estas iniciativas. «Puedo dar ejemplos de tres personas que son familiares y se les daban contratos fraccionados de menos de 5.000 euros para darles más de un millón de euros en apenas dos años», dijo respecto a las presuntas prácticas corruptas del PP en el Ayuntamiento.
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