Alvarado acusa de falta de imparcialidad al tribunal de 'La Zerrichera' y pide ser juzgado fuera

Se ha hecho esperar más de una década, pero el 'caso Zerrichera' ha llegado por fin a los tribunales. La Audiencia Provincial de Murcia dio el pistoletazo de salida ayer al juicio por uno de los grandes escándalos de presunta corrupción urbanística de la Región y lo hizo con una sesión dedicada a las cuestiones previas que, sin embargo, no se vio exenta de cierta polémica.

El banquillo estaba preparado para acoger a cinco exaltos cargos de la Comunidad: Antonio Alvarado, ex director general de Calidad Ambiental -que afronta cuatro años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación-; Juan Ignacio Sánchez Gelabert, exjefe del servicio de Calidad Ambiental -para el que solicitan cuatro años de cárcel y otros cuatro de inhabilitación-; Encarnación Muñoz, ex directora general de Medio Natural- sobre la que penden diez años de inhabilitación especial para empleo público-; Manuel Alfonso Guerrero, ex director general de Vivienda y Urbanismo, y José María Ródenas, ex subdirector general de Vivienda y Urbanismo -ambos hacen frente a ocho años y medio de inhabilitación para empleo público-.

Todos ellos están acusados de sacar adelante, de forma supuestamente ilegal, la recalificación urbanística de esta finca aguileña, situada en la Sierra de Almenara y destinada a albergar un complejo turístico con 4.000 viviendas, hoteles y campos de golf. El juicio, a lo largo de sus 27 sesiones previstas, deberá aclarar si el terreno fue recalificado de forma ilegal pese a contar con la protección de cuatro figuras legales diferentes.

Los cinco procesados no abrieron ayer la boca. Su turno para declarar llegará el lunes. Las defensas, sin embargo, aprovecharon el trámite de las cuestiones previas para sacar la artillería pesada y tratar de tumbar el procedimiento.

El letrado Aurelio Llanes, encargado de la defensa de Alvarado y de Muñoz, inició la vista con un encendido alegato en el que puso el énfasis en el juicio paralelo que los procesados han sufrido en estos diez años en base a las informaciones y filtraciones publicadas por los medios de comunicación. Una corriente de opinión pública «basada en un principio acusatorio», remarcó, que, a su entender, llegó a afectar a la imparcialidad del anterior tribunal -que se abstuvo ante un incidente de recusación- y que también ponía en riesgo al actual, presidido por la magistrada Concepción Roig.

Llanes hizo hincapié, durante su intervención, en la pertinencia de que el tribunal dictase una sentencia absolutoria o dejase el caso en manos de un tribunal de fuera de Murcia para evitar que se viera afectado por esa corriente de opinión pública. «Tras la información bombardeada, no es posible nadar contracorriente», remarcó. «El principio de presunción de inocencia se ha pisoteado». Llanes también arremetió en este escrito contra la Fiscalía a la que acusó de ser «invasiva» en sus actuaciones.

El resto de letrados defensores se sumaron a la petición de su compañero en el sentido de solicitar una sentencia absolutoria, pero no secundaron su denuncia de falta de imparcialidad del tribunal.

El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, y las acusaciones populares -que representan a la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), Ecologistas en Acción y el PSOE- se opusieron a la petición de las defensas. Esta finalmente fue desestimada por el propio tribunal por falta de fundamentación. La magistrada Roig remarcó que el anterior tribunal se apartó del caso, pero no porque se hubiera visto contaminado por la opinión pública sobre, sino porque, al resolver varios recursos, se había visto obligado a conocer sobre el fondo del asunto. «De este tribunal se podrá cuestionar su posicionamiento jurídico», remarcó la juez, «pero en ningún momento su imparcialidad».

Por otra parte, la Sala aceptó la petición del abogado Francisco Martínez Escribano, que defiende a Ródenas, para que acuda a declarar como testigo el excomisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Manuel Aldeguer, actual director general de Agua en la Comunidad Valenciana.