María Isabel Campuzano: «Los nuevos currículos deterioran la calidad de la enseñanza»

–Hoy arranca el curso de la presencialidad, ya con casi la totalidad de los docentes y buena parte de los alumnos mayores de 12 años vacunados.

–El año pasado ya logramos que los centros educativos fueran un entorno seguro manteniendo los protocolos, y este curso irá aún mejor.

–¿Usted se ha vacunado ya?

–No hablo de eso, que no quiero distorsionar el tema que nos ocupa, que son las cuestiones relacionadas con la Consejería.

–Pero sí pide a los profesores que se vacunen...

–No lo pido yo, lo pide Sanidad, lo pide el Ministerio...

–Los alumnos y docentes vacunados, ¿tendrán que guardar cuarentena por contacto estrecho?

–En la Conferencia Sectorial algunas comunidades demandaron que no fuera así, pero el Ministerio dijo que se mantendrían las mismas cuarentenas, sin distinción entre vacunados y no vacunados.

–La novedad fundamental del curso es la recuperación de la presencialidad, después de año y medio con restricciones.

–Exactamente, se apuesta por la presencialidad plena en todos los niveles. Hay seguridad, y tenemos una experiencia adquirida.

–Los docentes insisten en que las cifras no les cuadran, y que les resulta complicado encajar a todos los alumnos en las aulas manteniendo la distancia de seguridad marcada...

–La aplicación de la página de la Consejería de Educación no dice eso. Además, conocemos las medidas de todas las aulas, y salvo algunas, el resto no tienen ningún problema para ubicar a los niños manteniendo la distancia. Y donde hay problema, los centros han decidido cómo organizarlo con los recursos que les hemos facilitado.

–Familias y profesores reclaman la contratación de los 1.500 profesores Covid. ¿No hay marcha atrás en su negativa?

–La figura del profesor Covid ha desaparecido. Este año, adoptando los protocolos sanitarios de distancia de seguridad, mascarilla, y con la vacunación, se considera que no es necesaria la contratación Covid. Se tiene que contratar atendiendo a las necesidades educativas. No nosotros, es que todas las comunidades están en la misma línea.

–Pero independientemente de la denominación, el pasado año se contrató a 1.500 docentes más, y este solo 360...

–Este año están incorporados desde el principio de curso, y a lo mejor resultan más útiles que 1.500 ya iniciado el curso. No pensamos que vaya a bajar la calidad.

–Pero son muchos menos...

–Son los que se necesitan.

–Las familias y docentes consideran que son necesarios más para atender las carencias que arrastran los alumnos derivadas de los cursos en pandemia...

–Precisamente nuestro sistema se centra en todos esos recursos de apoyo para subsanar cualquier deficiencia que se detecte en el sistema. Hay un grado importante de docentes en las aulas. Hay recursos y apoyos para subsanar cualquier deficiencia, y la calidad de la enseñanza se basa en eso.

–Las ratios se ajustan a la normativa, pero se mantienen en las cifras de los recortes de hace más de una década...

–Pero se han ido introduciendo en el sistema cada vez más recursos adicionales. Hay que plantear un cambio de paradigma y establecer el debate de las ratios analizando los profesores por centro, en lugar de por aula. Cuando vemos la ratio por aula, ese dato choca cuando vemos que la plantilla son más de 26.000 docentes, y los alumnos son 288.000, y vemos que esa ratio es de 11 o 12. Eso responde a la realidad de los centros: la imagen de un aula con un solo profesor cada vez tiene que ver menos con la realidad. El grupo entero solo está una parte de la jornada, en Primaria, y sobre todo en ESO y Bachiller. Si reduces ratios y aumentas profesorado, en realidad la rebaja es mayor.

–La caída de la natalidad ha bajado las de Infantil y Primaria. ¿Cómo enfrenta el descenso de alumnos?

–La caída de la natalidad es un problema que hay que abordar. De momento hemos mantenido las ratios.

–¿Pero tienen previsto cerrar aulas, como anunció?

–Es que hay sitios donde se llega al 'alumno cero'.

–¿Pero qué se hará en los centros donde se puedan mantener dos aulas con pocos alumnos, se fundirán en una y eliminarán la otra?

–Supongo que al final habrá que optimizar recursos e ir agrupando, pero de momento se están manteniendo, y solo cierran donde desaparecen los alumnos. Este año se han mantenido todas las aulas, y eso es bajar la ratio estructuralmente.

–Las medias son algo engañosas: incluyen centros rurales con muy pocos alumnos, y otros saturados con 27 escolares por clase...

–Pero el porcentaje de centros que están por encima es muy pequeño. Ocurre por la demanda.

–¿La demanda seguirá siendo el criterio para subvencionar unidades en centros concertados?

–Tenemos hasta 2023, que es el año en que vence el convenio, para empezar a estudiarlo. Tenemos que ver cómo queda la ley, pero nuestra intención es seguir escuchando a la sociedad y lo que demanda.

–¿Qué criterios se valorarán en el baremo de admisión de alumnos el próximo curso? ¿Lo han ajustado a la 'ley Celaá', eliminando el distrito único, o lo mantienen?

–Las condiciones son más o menos las mismas, queda igual al que teníamos. Lo hemos adaptado a la Lomloe, y ha salido un decreto que encaja perfectamente.

–Pero el domicilio del alumno, ¿será determinante, como pretende la ley, para lograr un reparto más heterogéneo de los alumnos?

–Se mantienen los principios que siempre se han mantenido, que se basan en la libre elección de centro por parte de las familias.

–Si se mantiene el distrito único será complicado lograr un reparto de alumnos más equilibrado...

–La ley te permite establecer tus parámetros, y lo hemos ido adecuando para que prime la libre elección de centro. Las familias pueden estar tranquilas porque el sistema será similar al actual.

–¿Va a retirar el concierto a los colegios que separan a sus alumnos por sexo, como ordena la nueva ley?

–Eso lo tiene que analizar la inspección educativa. Los centros plantean criterios pedagógicos.

–La ministra ha anunciado el envío de 13.600 millones a todas las comunidades. ¿En qué piensa invertirlos?

–Cuando lleguen y veamos lo que nos corresponde, se analizará. Pero ese dinero, y así quedó establecido, no puede ser para contratación de personal. No está definido el destino del dinero.

–Hay cierta incertidumbre sobre las normas para titular y pasar de curso...

–Este curso se mantendrán las de siempre. En cualquier caso, vamos a luchar por que no se apliquen las que propone la 'ley Celaá', porque van en perjuicio de la calidad de la enseñanza, de la autoridad del profesor y de la educación. Se pierden los criterios de excelencia y esfuerzo. Me parece fatal el mensaje que se manda a los alumnos si pasan de curso sin límite de suspensos.

–¿No cree que la confrontación constante entre el Ministerio y la Comunidad no genera el mejor clima?

–Fue el Ministerio el que propuso esa fórmula. No cuenta con nadie, y a la hora de establecer alegaciones no se tienen en cuenta. No sé si con el cambio de ministra habrá cambios en la forma de trabajo con las comunidades.

–En la Región, el diálogo con sindicatos y algunas asociaciones de padres tampoco es fluido...

–Deteriorado por mi parte no está, yo estoy dispuesta a hablar con todo el mundo. Otra cosa es que estemos de acuerdo en las cosas que se plantean, pero yo me he reunido con todos los sindicatos y fapas.

–Ha criticado el nuevo currículo de Primaria y Secundaria. ¿Qué es lo que no le agrada?

–Todavía estamos trabajando con los borradores. El planteamiento es muy mejorable, y queremos reconducirlo, porque deterioran la calidad de la enseñanza.

–¿Qué le parece que se quiera dar una perspectiva de género a la enseñanza de Matemáticas?

–Me parece que no son criterios educativos. La educación en igualdad ya está en todas las asignaturas, todos los profesores enseñan así a los alumnos, y no hace falta introducirlo en las asignaturas.

–La educación afectivo-sexual también se plantea como primordial en la escuela...

–Siempre ha estado en los colegios, y yo no estoy en contra de que haya educación afectivo-sexual. Todo depende de que los padres puedan elegir quién les da la charla. Tenemos unos docentes bastante capacitados para que la impartan.

–Ha introducido para este curso una versión 'suavizada' del 'pin parental'. ¿Por qué no ha apostado por la que defendía en su etapa de diputada, más restrictiva?

–Las posibilidades que nos ofrece la ley ahora son estas, un 'pin parental' informativo. No consideramos que las familias puedan estar en contra de que se les dé información sobre las actividades que realizarán sus hijos.

–Las tasas de abandono escolar y fracaso mejoran, pero la Región sigue estando entre las peores de España...

–Estamos cerca de la tasa asumible de la UE.

–La OCDE ha advertido en varias ocasiones de que la tasa de repetidores es inasumible.

–Se está trabajando en eso. Los recursos que introducimos en el sistema van siempre a solventar esa problemática, con programas de refuerzo y apoyo. La repetición, en algunos casos puede ser una solución, y en otros habrá que estudiarlo. Este año hemos contratado 22 orientadores más, que son una figura importante.

–¿Piensa seguir concertando unidades en Bachillerato y FP?

–Hasta 2023 se atenderá el crecimiento vegetativo, pero no hemos cambiado de filosofía ni de criterio.

–Varios colectivos han anunciado que llevarán a sus hijos a clase sin mascarilla. ¿A qué sanciones se enfrentan?

–Depende de cómo se comporten. Hemos mandado una circular a los centros informándoles de las medidas que tienen que tomar en el caso de que se les plantee la situación. No se puede entrar al centro sin mascarilla. En el fondo es un movimiento de los padres. Las normas hay que cumplirlas, te gusten o no.

–El plan de gratuidad de libros de texto lleva retraso. ¿Cuándo se cumplirá el objetivo de que todos los alumnos tengan acceso a los manuales sin coste?

–La idea es que en dos cursos, en 2023, pero estamos a expensas de los cambios de los currículos, porque es un gasto millonario.

–En alguna ocasión ha expresado sus dudas sobre el modelo de enseñanza bilingüe. ¿Qué ha hecho para mejorarlo?

–Estamos estudiando los resultados de ese sistema, y cuando veamos qué datos arroja, nos lo plantearemos. También hay que encajarlo con el nuevo currículo, pero nuestro objetivo debe ser que los alumnos, cuando acaben Bachillerato, tengan el B2.

–Este año habrá oposiciones a maestro. Los sindicatos creen que son necesarias 1.500 plazas...

–Bueno, por pedir... Esperamos que sea una oferta elevada, pero aún no tenemos un estudio de la plantilla para definirlo.

–No parece claro que el transporte escolar se vaya a prestar hoy con normalidad...

–Tenemos la contratación en vigor para el transporte. El contrato, en un 90% de las empresas, está prorrogado hasta el 31 de diciembre. Las empresas no nos han planteado abiertamente que vayan a incumplir. Los padres pueden estar tranquilos, porque la administración tiene los recursos para que el servicio se preste. Es un servicio esencial, y la educación lo es también, y tiene que prestarse de una manera u otra. Si el contrato se incumple, se contemplan una serie de penalizaciones. En caso de que alguna empresa no lo prestara, tenemos los mecanismos preparados para dar una respuesta a ese incumplimiento.

–Ha superado ya los cien días como consejera... ¿qué ha aportado?

–Han sido agotadores... Yo creo que un poco de orden. No quiero decir que estuviera desordenado, pero había asuntos pendientes, como el acuerdo marco de los autobuses, el inicio de curso, las medidas Covid... A largo plazo mi objetivo es consolidar una enseñanza de calidad con programas de apoyo para quienes tienen dificultades.