El 30% de los alumnos estudian en centros de titularidad privada financiados

La decisión del Gobierno regional de subvencionar las etapas no obligatorias de Bachillerato y FP en los colegios de titularidad privada, donde estudian el 30% de los alumnos murcianos, desató en 2017 una oleada de protestas de la llamada Marea Verde por la enseñanza pública, y la reacción defensiva de las patronales, padres y centros concertados, que se movilizaron para defender los conciertos. Las subvenciones, que comenzaron a repartirse el curso pasado en trece colegios, reabrieron también el eterno debate ideológico, e hicieron reflotar las fricciones latentes entre las dos redes de enseñanza pública, y concertada, en un debate contaminado también confesionalmente que suele meter en el mismo saco a un sector heterogéneo. Las protestas de la Marea Verde no impidieron la aprobación de la orden, respaldada ahora por el TSJ, y que facilitó que las polémicas subvenciones llegaran a trece colegios privados el pasado curso.

La defensa de los conciertos y de la llamada «libertad de elección de centro» ha sido contundente y férrea por parte del Gobierno regional. Tanto el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; como la exconsejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, han respaldado con firmeza las subvenciones a los centros privados, y se han comprometido con su continuidad en varias ocasiones.

El 30% de los alumnos murcianos estudian en colegios concertados, frente al 70% restante que lo hacen en centros públicos. Ese porcentaje de alumnos lleva un par de años estancado, después de haber experimentado un fuerte impulso en las dos últimas décadas, con la subvención a más colegios y la ampliación de unidades. La enseñanza concertada concentra a unos 6.000 docentes y 78.000 alumnos. De los 115 colegios subvencionados del curso 2010 se ha llegado a los 121 del pasado, lo que ha implicado nuevos conciertos que aún no han completado su crecimiento vegetativo y seguirán ampliando unidades.

Una de los argumentos planteados por los sindicatos para rechazar las subvenciones se sustenta en la idea de que los colegios de titularidad privada mantienen un compromiso más endeble con la atención a la diversidad que los públicos. Como ejemplo, el desequilibrado reparto de escolares de origen extranjero entre la red pública y la concertada.

Los centros de titularidad privada apenas acogen al 5% de los estudiantes hijos de familias inmigrantes, mientras que en los centros públicos, la cuota supera el 16,6%, según la última estadística del Ministerio de Educación. Las patronales de los centros concertados defienden en cambio la diversidad de colegios y el compromiso que muchos de ellos mantienen con la diversidad.