El TSJ de la Región de Murcia alerta de que los juicios aplazados por la huelga pueden tardar más de un año

«En la medida en que el número de suspensiones no sea excesivo, y 5.000 empieza ya a serlo, tendremos más o menos dificultad para ir encontrando acomodo en los huecos que haya en las agendas», explicó. Los juzgados murcianos, atenazados por años y años de elevada litigiosidad y pocos medios, arrastran un retraso que los sitúa tradicionalmente entre los más lentos del país y las agendas de los órganos judiciales, en la mayoría de los casos, no dan más de sí. Esa tardanza, además, ha repuntado en los dos años de crisis sanitaria y ya alcanza la cifra más elevada de la última década.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia celebró este martes una reunión para abordar «un paquete de medidas o recomendaciones para que la afectación a profesionales y ciudadanos sea la menor posible».

Pasqual del Riquelme se mostró expectante, además, ante la reunión que está previsto que el Ministerio mantenga en Madrid este miércoles con los secretarios de gobierno de los tribunales superior de justicia de todo el país. Mostró su deseo de que pueda ser una oportunidad para salvar el «punto muerto» en que se encuentra actualmente la negociación entre Justicia y las organizaciones convocantes. «Espero que puedan transmitir al Ministerio las consecuencias gravísimas que el paro está teniendo para este servicio público», recalcó.

El pulso que el Ministerio mantiene con este colectivo también obligó este martes a aplazar el primer expediente de jurisdicción voluntaria presentado en el partido judicial de Murcia sobre investigación de hechos pasados. Fue la Ley de Memoria democrática de 2022 la que trajo de la mano este procedimiento, cuya finalidad es obtener una declaración judicial sobre la realidad y circunstancias de hechos pasados determinados. El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Murcia tenía previsto celebrar este martes una comparecencia pionera con la asistencia de la promotora de este expediente, los testigos y el fiscal, pero la cita tuvo que aplazarse sine die. Este procedimiento se inició por una ciudadana con el objetivo de obtener hechos y datos concretos sobre su pasado biológico.

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y la asociación independiente de letrados de la administración de justicia se encuentran detrás de esta medida de presión que arrancó el pasado 24 de enero. Cuenta con un elevado seguimiento en la comunidad y, por el momento, no tiene visos de solución.

Diego ojea con atención un folio a la puerta de la sala de vistas que le informa de lo que ya es una evidencia. Este vecino de Águilas recorrió este martes los más de un centenar de kilómetros que separan su municipio de la Ciudad de la Justicia de Murcia para encontrarse con que el juicio por despido que aguarda desde hace 14 meses se veía suspendido por la huelga indefinida que mantienen los letrados de la administración de justicia. «Deberían comunicarlo anticipadamente para poder saberlo», lamenta. «A los ciudadanos esta situación nos conlleva gastos y una pérdida de tiempo».

Para Diego esta vista no era un asunto cualquiera. Tras ser despedido, este trabajador utilizó el dinero que prevé recibir de indemnización para impulsar un negocio propio con el que ahora se gana la vida. Lleva un año y dos meses aguardando una respuesta y este martes se marchó del juzgado sin una nueva fecha marcada en el calendario. «Hemos tardado más de un año en llegar aquí y supongo que tardaremos otro año para volver a celebrar», lamenta su letrado Javier Sánchez, que se desplazó desde Madrid y que incide en que su cliente tuvo que costear de su bolsillo su viaje y sus dietas para acabar finalmente en una suspensión.

A escasos metros Luisa María Pérez asume también que el juicio que aguardaba para decidir sobre su posible incapacidad sufrirá un nuevo retraso. Esta trabajadora de un almacén agrícola de Lorca padeció un accidente laboral en 2017 y desde entonces batalla en los tribunales para que se reconozca que las dolencias físicas que sufre le condicionan a la hora de trabajar. «Afortunadamente la empresa me ha habilitado un puesto acorde a mi situación porque si no no podría», recalca agradecida. Su letrado, Gregorio Gómez, hace hincapié en que este martes telefoneó de forma insistente al juzgado desde primera hora de la mañana para tratar de informarse sobre la posible suspensión de la vista y evitar el desplazamiento a la capital. «Nos hemos enterado al llegar aquí y ver el pestillo de la sala echado»