CC OO alerta de que la falta de medios pone en peligro las nuevas funciones de los juzgados de paz de los municipios de la Región

Comisiones Obreras lamenta que la aprobación reciente de la macroley que reorganiza la Administración de Justicia -la Ley de Eficiencia Procesal- no irá acompañada de una mayor dotación de medios. En un comunicado el sindicato advierte de la «negativa» del Ministerio de Justicia a un incremento de personal o retributivo en los hasta ahora juzgados de paz, que pasarán a funcionar como las nuevas Oficinas de Justicia en los municipios, ampliando notablemente sus servicios. Esta posición, remarca el sindicato, «pone en peligro uno de los proyectos estrella del ministro Bolaños».

La nueva norma, que previsiblemente entrará en vigor el próximo abril, contempla que los juzgados de paz que hasta ahora existen en numerosas localidades sigan cumpliendo su función social como punto de contacto con la ciudadanía, incluyendo como novedad la posibilidad de realizar actos y trámites procesales y registrales de manera telemática desde allí. Comisiones recuerda que a día de hoy existen 24 de estos órganos en la Región que dan servicio a cerca de 450.000 habitantes. Remarca, no obstante, que estos «sufren históricamente unas condiciones de trabajo y retributivas peores que las del resto de personal de los juzgados y tribunales, con peores medios materiales y tecnológicos, peores instalaciones e inferiores retribuciones».

El sindicato hace hincapié en la «infradotación de personal» que sufren algunos de estos órganos, como los de Beniel, Santomera, Fuente Álamo o Puerto Lumbreras, que cuentan solo con dos funcionarios. En otras localidades, explica el sindicato, que disponen de más plantilla -un máximo de cinco trabajadores- el problema surge de la numerosa población flotante de veraneantes, la inmigración o la cercanía de polígonos industriales. Es el caso de Águilas, Torre Pacheco, Mazarrón o Los Alcázares.

Comisiones denuncia que la propuesta del Ministerio «es mantener las mismas condiciones actuales: ni incremento de personal ni incremento retributivo, solo un cambio de nombre». El sindicato advierte de que, si el Ministerio no rectifica, el proyecto «va a quedar en agua de borrajas y en un mero acto propagandístico».

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