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Paco Morote, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en el centro, y María Dolores Espinosa (d), este miércoles.
La presión vecinal frena el desalojo de una okupa por un fondo buitre en Alcantarilla

La presión vecinal frena el desalojo de una okupa por un fondo buitre en Alcantarilla

«Estoy dispuesta a hacer frente a un alquiler social; pero cobro 700 euros y con dos hijos y un nieto, no puedo pagar 500 de mensualidad», señala la afectada

Tania Costa

Alcantarilla

Miércoles, 17 de abril 2024, 20:11

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Yayoflautas frenaron este miércoles un desahucio en la calle Pintor Velázquez, de Alcantarilla. Los funcionarios dieron de plazo hasta el 25 de este mes, a las 11.30 horas, a María Dolores Espinosa, una mujer que okupó un piso vacío, propiedad de un fondo buitre. Con un par de hijos y un bebé de dos años (su nieto) a su cargo, ya le han dicho que no habrá más prórroga, tiene que dejar su casa «sí o sí».

La situación de María Dolores Espinosa es difícil. Echa una mano como camarera los fines de semana en Alcantarilla; ingresa unos 700 euros al mes y no se puede permitir pagar un alquiler de 500 euros. El resto es para las facturas de agua, luz y comida y 200 euros no dan para tanto, sobre todo si se suma el coste de los pañales y potitos que necesita su nieto.

Cuando llegó la covid en 2020, María Dolores Espinosa estaba en la calle. Fue en plena pandemia de coronavirus cuando se enteró de que había un piso vacío en la calle Pintor Velázquez. Ella dice que estaba abierto y que se metió allí a vivir con su familia. Poco a poco fue amueblando la vivienda y ahí ha vivido hasta que le llegó la primera orden de desahucio, que fue aplazada. Este miércoles le llegó la segunda, también pospuesta. Le queda la tercera. Sabe que ya no hay margen de maniobra.

Aunque ha acudido a los Servicios Sociales de Alcantarilla, le han dado fecha para mayo, pero ya le han adelantado que no tienen forma de ayudarla porque carecen de pisos sociales. Ella aspira a quedarse en el piso okupado, pagando un alquiler social de 200 o 300 euros, que le permita cubrir necesidades básicas de su familia: un techo bajo el que dormir y comer.

«Estoy dispuesta a pagar un alquiler social. Yo cobro 700 euros al mes. Con dos hijos y un nieto, no puedo pagar 500 de alquiler. Quiero una vida normal», dice con la voz entercortada. Le preocupa que su marido sale de prisión en diciembre. «Si no tenemos dónde vivir va a volver a entrar en la cárcel».

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