Calculada ambigüedad

Es un texto en el que el PP claramente hace cesiones puesto que está entreverado del ideario ultraconservador de Vox. Se habla de garantizar la neutralidad ideológica en los centros educativos (¿es que acaso no lo estaba en estas décadas de gobierno popular?) o de erradicar la violencia contra las mujeres, pero con el mismo rango y relevancia que la cometida contra niños y mayores. Un pacto en el que también hay clamorosas ausencias referenciales a la Universidad, la I+D+i , la Cultura, las políticas de igualdad (escondidas y difuminadas en uno de los puntos), la preservación del medio ambiente o la mitigación del cambio climático. Clamoroso por lo relevante que son estos asuntos y porque, a la vista está, siguen siendo tratados como secundarios en las políticas públicas regionales.

El punto que fue ayer más discutido es el que alude al cambio de criterio en la adjudicación de fondos públicos a la patronal y a los sindicatos, en virtud de la ley de Participación Institucional que el propio PP impulsó hace no demasiados años para retribuir los trabajos que Croem, UGT y CC OO hacen para la propia Administración regional en órganos consultivos, como el Consejo Económico y Social (CES) de la Región. Sorprende que los populares, sabiendo que se trata de una compensación económica por un trabajo de consultoría, hayan entrado al trapo de esa cuestión introducida por Vox en su particular batalla con los sindicatos. Me parece bien introducir el criterio de concurrencia competitiva en la adjudicación de todo tipo de subvenciones, pero este no es el caso y no parece que vaya tanto en la línea de la deseable eficiencia del gasto público como de debilitar el papel de los sindicatos de clase en su función constitucional de encauzar el diálogo social. Lo curioso es que este tema no pilla de sorpresa a nadie porque la propia Croem se lo habría explicado a los dirigentes regionales de Vox hace meses, aunque las órdenes que llegan de Madrid no se discuten en el partido de Abascal. Una circunstancia que probablemente va a provocar no pocos roces en un Gobierno regional que, según se dijo ayer, pretende ser sólido y estable. La natural bisoñez de los de Antelo en materia de gobernabilidad y comunicación, claramente visible, presagia todo tipo de confusiones y equívocos en este arranque del acuerdo, como el anuncio de que se aplicará un pin parental que no figura en el pacto porque en realidad ya está funcionando de forma suavizada tras los límites que fijaron los servicios jurídicos de la Consejería de Educación.

El documento, que califica a la Región de Murcia como la despensa de Europa (mejor dejarlo en la huerta, que se ajusta más a la realidad), hace una encendida defensa del sector agroalimentario, lo cual está bien, pero se exhibe una sobreactuación que contrasta con la mención somera y de pasada al turismo y la industria, donde precisamente estamos más flojos y más deberían incidir las políticas públicas. Está por ver si ese criterio de concurrencia competitiva en las subvenciones a organizaciones empresariales de distintos sectores, como el agroalimentario o turístico, se llevará a cabo. Habrá que esperar a los próximos Presupuestos regionales (ya se va tarde en su elaboración) para ver en qué se concretan los compromisos en materia de sanidad, educación, ayudas a las familias y las políticas para los mayores que figuran en el pacto. Ahí se verá cuánto había de compromiso, y cuánto de palabrería.