

Secciones
Servicios
Destacamos
Vecinos de la urbanización Calarreona defienden que las obras que se realizaron en sus calles en 2008 –y que ellos costearon– se hicieron con ... materiales de peor calidad a los que reflejaba el proyecto municipal. El presidente de la asociación de propietarios de este enclave aguileño fue uno de los testigos que compareció ayer en el juicio ante jurado que se sigue en la Audiencia Provincial contra un ex arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento y un constructor acusados de falsear las certificaciones de esas obras.
«Un vecino nuestro que era ingeniero nos dijo que eso no iba bien, que el trabajo no cumplía con el proyecto, y ya empezamos a darnos cuenta», incidió este vecino, a preguntas del fiscal. «En muchas calles, se había dado solo un poco de betún y ya está». Los propietarios de esta urbanización, que actúan en la causa como acusación particular, relataron que alertaron al Consistorio de la situación a través de una carta. «El Ayuntamiento nos dijo que todo estaba bien». Transcurridos 17 años, este testigo reconoció que las calles de la zona «se pueden usar sin problema», pero enfatizó que «el firme no es lo que se contrató, es de menor calidad».
La vista arrancó este martes con la declaración de Andrés C., ex arquitecto técnico municipal y principal procesado, que defendió su inocencia con rotundidad. Ayer le llegó el turno al gerente de la UTE, Antonio S., que sostuvo, al igual que ya hizo el ex arquitecto técnico municipal, que el proyecto para la urbanización Calarreona contenía «diversos errores», que achacó a la falta de medios en su elaboración.
El constructor explicó que, nada más comenzar los trabajos, ya se percataron de los «errores más gruesos» y de que era necesario variar los planes inicialmente previstos para poder acometer esos trabajos. «Había partidas que no estaban contempladas», remarcó el acusado, defendido por el abogado Miguel Pardo.
Ayudado por una pizarra, el procesado explicó que en la UTE se percataron de que, debido a esos supuestos errores, era necesario incrementar el proyecto en 128.000 euros. Según su versión, él mismo transmitió esa situación al director de obra, el arquitecto municipal –ya fallecido–, y más tarde al otro acusado, Andrés C., arquitecto técnico municipal, indicándoles que sería necesario hacer un modificado de obra. «El director de obra nos dijo que esa obra era viable con el presupuesto que había», remarcó. «Por las presiones políticas que había, seguimos adelante con la obra».
Preguntado por la acusación particular, que representa a vecinos de la urbanización, el acusado hizo hincapié en que no era su responsabilidad informar de los cambios a los residentes de este enclave. «Nosotros velamos por ellos», sostuvo. Para mí, «hubiera sido más fácil parar la obra».
El constructor defendió que, no obstante, los trabajos de mejora de las calles se realizaron en unas «condiciones óptimas» y que ni él ni la UTE que encabezaba se quedaron con parte del presupuesto de los mismos. «No me he quedado con ningún dinero», remarcó. «Yo me dedico solo a hacer mi trabajo».
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.