La alcaldesa de Águilas y dos interventores deberán devolver 9.123 euros que el secretario cobró indebidamente

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas había reclamado al organismo que declarase que se había producido un «menoscabo» en los fondos públicos del Ayuntamiento aguileño y que señalase a la regidora y los interventores como responsables contables directos. Esta resolución responde a unas gratificaciones que el secretario general recibió entre 2020 y 2021. Este profesional, con su puesto principal en el Consistorio de Torrevieja, fue nombrado secretario de Águilas en régimen de acumulación de funciones. Eso le impedía, según este tribunal, recibir gratificaciones –como se produjo– cuando estaba en situación de incapacidad.

En su sentencia, el Tribunal de Cuentas no cree que existiera dolo en la actuación de Moreno ni de los interventores, ya que no aprecia en estos interés de perjudicar al Ayuntamiento o beneficiar al secretario general. El órgano sí remarca, no obstante, que Moreno incurrió en una negligencia grave ya que, como ordenadora de los pagos en su condición de alcaldesa, debió asegurarse de que las gratificaciones que se abonaban al secretario general lo eran conforme a la normativa.

En este sentido, remarca que la regidora conocía que este se encontraba en una situación de acumulación de funciones y que no estaba ejerciendo esas funciones que tenía acumuladas. En este sentido, incide en que «no guardó las cautelas que corresponderían al canon de diligencia cualificado por el carácter público de los fondos gestionados». Hace hincapié en que tampoco «consultó formal o informalmente sobre el procedimiento, la técnica usada, la norma aplicada o el modo de resolver la cuestión».

Fuentes municipales recalcaron que «el asunto se encuentra recurrido (...) solicitándose su archivo, ya que el Ayuntamiento siempre actuó según los criterios técnicos de los servicios municipales encargados de confeccionar y pagar las nóminas». Una actuación, remarcan, que fue avalada por los propios servicios jurídicos municipales. «El importe en cuestión ya ha sido depositado por los interesados en las cuentas del órgano jurisdiccional y por lo tanto no habrá, en ningún caso, ninguna pérdida para las arcas municipales».

Estas fuentes remarcan que existen discrepancias en los diferentes organismos sobre la fórmula adoptada por el Ayuntamiento en estos casos y remarca que la propia Tesorería de la Seguridad Social aboga por su posicionamiento. Incide en que, de no de ser así, las funcionarias embarazadas o víctimas de violencia de género quedarían desprovistas de esa cobertura laboral.