El PP no aguanta más y empuja a Barreiro al Grupo Mixto para sacar los Presupuestos

Después de resistir en el escaño durante varios meses con su condición de aforada, y justo cuando el devenir de las causas judiciales le era favorable, la senadora Pilar Barreiro anunció ayer tarde de forma sorpresiva su abandono del Grupo Popular para pasar al Grupo Mixto en el Cámara Alta. La exalcaldesa de Cartagena se ha visto empujada por su partido a realizar esta maniobra, con el fin de dar vía libre a la negociación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que están encallados desde el año pasado, entre otros motivos, porque el partido Ciudadanos había pedido con insistencia su cabeza por su imputación en la 'Operación Púnica'. Con esta maniobra, la formación naranja logra su objetivo. Su presidente, Albert Rivera, se dio por satisfecho. Al mismo tiempo, el Gobierno de Rajoy se ve con las manos libres para sacar las cuentas estatales.

El Gobierno central se queda sin margen y no puede esperar más, lo cual ha precipitado el cambio de escaño, que no la dimisión como pedía Ciudadanos. Pilar Barreiro ha tenido que apartarse, poniendo tierra de por medio, aunque manteniendo su acta de senadora. Podría regresar incluso al Grupo Popular si la justicia se pronuncia a su favor.

Barreiro comunicó ayer su decisión -el día de la fiesta mayor de Cartagena- a través de un chat de WhatsApp del Grupo Parlamentario Popular, argumentando que no quiere «perjudicar a su partido» y expresando su confianza en la Justicia para que se aclare la investigación que pesa sobre ella. Presentó su mensaje como un sacrificio, y dijo a sus hasta ahora compañeros de escaño que «mi presidente (Rajoy) no se merece que unos indeseables puedan utilizarme para ensombrecer su brillante gestión y por el interés general de los españoles». Indicó, igualmente, que espera «que se acabe de una vez la persecución de la que he sido víctima y lo podamos celebrar...»

El PP no ha esperado a que la juez del Tribunal Supremo, Ana María Ferrer, tome una decisión sobre las diligencias abiertas en octubre contra Pilar Barreiro en el marco de la 'Operación Púnica' por los presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación y malversación, en una supuesta trama para mejorar su imagen reputacional con dinero público. El desenlace -archivo o juicio- estaba próximo, y Barreiro tenía a su favor la propuesta del fiscal, que pidió hace una semana a la juez el sobreseimiento provisional «al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos que motivaron la formación de la causa».

Asimismo, la Audiencia Provincial de Lugo desactivó el jueves el 'caso Pokemon', por un supuesto trato de favor a la empresa de agua Hidrogea a cambio de viajes pagados. La juez Pilar de Lara puso el foco sobre la exalcaldesa de Cartagena y cuatro exediles, pero las actuaciones han sido anuladas.

Con estos elementos a su favor, Barreiro ha tenido sin embargo que apartarse porque al PP y al Gobierno se les acaba el tiempo, ya que quieren aprobar los presupuestos después de Semana Santa. La senadora y su partido se han resistido casi tres meses a las exigencias del partido Ciudadanos. El PP no pensaba ofrecer la cabeza de la exalcaldesa, hasta el punto de que el propio Mariano Rajoy le echó un capotazo a principio de mes, cuando afirmó que tenía «una excelente» opinión de la senadora, y propuso esperar a que el Tribunal Supremo concluyera su investigación. «Si el Supremo dice que no ha hecho nada, tenemos un problema», añadió Rajoy sobre la exigencia de Ciudadanos. «Pueden poner las condiciones que quieran, pero hacer depender los Presupuestos de que dimita una senadora de la que tengo excelente opinión no me parece justo», dijo.

Ciudadanos ha mantenido la presión hasta el último momento, a tenor de las declaraciones que hizo el jueves su secretario general, José Manuel Villegas. El cambio de grupo por Barreiro apenas altera al PP, que tiene mayoría sobrada en el Senado. Los populares murcianos pierden a una parlamentaria en Madrid y se quedan con Pedro José Pérez y Severa González, esta última por designación autonómica.