Los agricultores preparan una gran protesta en Murcia para febrero

El campo español regresa, dos años después de las grandes manifestaciones pospandemia, a las calles para iniciar un calendario de movilizaciones pactado a nivel nacional por las grandes organizaciones agrarias (Coag, Asaja y UPA). La tensión de las protestas en Francia y otros territorios europeos como Bélgica, Alemania o Países Bajos ha acelerado el movimiento de fichas en España por parte del sector agrario, que, por lo pronto, plantea unas acciones con mucha menos agresividad que las vividas en el país vecino.

La carta de quejas es la misma que los compañeros del resto del continente, salvo alguna singularidad. El sector reclamará medidas de apoyo frente a las consecuencias de la sequía o la guerra en Ucrania –con presupuestos reforzados para los seguros agrarios–, además de la modificación y ampliación de la ley de la cadena agroalimentaria «para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción».

Con batallas ya ganadas como la entrada en vigor de esa normativa o la extensión de la devolución del impuesto especial de hidrocarburos para gasóleo de uso agrícola –una de las principales reivindicaciones tras la crisis energética–, la principal preocupación ahora es el desarrollo del Pacto Verde y la Agenda 2030 impuesto por Bruselas.

Según denuncian, los plazos requeridos para acometer las nuevas inversiones en tecnología, bienestar animal o gestión de residuos son poco realistas «y supondrán sobrecostes» que al final acabarán trasladándose a los precios. Los acuerdos con terceros países o pactos como Mercosur son otras piedras en el camino de los agricultores, que reclaman las cláusulas espejo (condiciones que se deben incluir en los acuerdos comerciales) para todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio europeo.

En la Región, las protestas que se lleven a cabo se concretarán en los próximos días, pero fuentes del sector apuntan que la fórmula de una gran movilización en la capital murciana, como en 2022 y 2020, está encima de la mesa y tiene bastante peso. En anteriores protestas, lograron movilizar hasta las calles de Murcia 500 tractores y a miles de agricultores.

«Queremos un proceso de simplificación y de relajación de normativas, y en esto es responsable tanto la Unión Europea como el Gobierno de España y el de la Región», explica Marcos Alarcón, secretario de Organización de UPA y líder de la unión en Murcia. «La fábrica de normas tiene que parar», aporta José Miguel Marín, presidente de Coag Murcia, «no se puede seguir echando a la gente de las explotaciones familiares a golpe de boletines oficiales».

La crisis en el campo murciano no alcanza las cotas de otros territorios de Europa, todo mejorado por la relajación en los costes de producción. Sin embargo, hay aspectos «que no podemos dejar pasar», inciden desde el sector, como que solo el 50% de las solicitudes de la PAC este año reclamaban también el dinero extra que proporcionan los ecorregímenes, las ayudas verdes de la UE.

«Tenemos que ser ambiciosos en conseguir nuestros objetivos», cree Alarcón, que no son otros que meter más presión a las instituciones de Bruselas para frenar el desarrollo de nuevas normativas ambientales o insistir a gobiernos como el de Murcia para mejorar la cobertura de los seguros agrarios. Marín apunta a la sequía, contra la que «hay que ser contundente»: «No nos vale que el Ministerio publique decretos donde se reinterpretan las normas y se lo tomen como si no fuera una causa de fuerza mayor que afecta a miles de agricultores murcianos».

El limón también estará en el centro de las protestas, un cultivo con sobreproducción en los últimos años y que está arrastrando a la ruina a pequeñas y medidas empresas y cooperativas. El diseño de este calendario de movilizaciones unificará en Murcia las denuncias de cada sectorial del agro; nadie debería ir por libre, apuntan las tres organizaciones.

El presidente de la patronal agraria Proexport, Mariano Zapata, reflejó ayer las consecuencias de las manifestaciones en Francia, que han acabado con varios camiones o mercancías murcianas saqueadas y quemadas. «Al estar retenidos en la frontera dos o tres días, ha habido que volver a tirar el producto o mandarlo a mercados donde el precio es muy inferior». Zapata, al igual que remarcó ayer el secretario general de Coag, Miguel Padilla, desmintió ayer que España haga «competencia ilegal» al campo francés, como deslizó el Gobierno galo hace dos días.

Camiones murcianos volvían ayer a quedar bloqueados en la frontera con Francia, con atascos kilométricos, ante la imposibilidad de avanzar por los piquetes de los agricultores franceses. «Esto ha sido un infierno; no sabemos cuándo vamos a regresar», señalaba ayer a este periódico Jesús del Amo, transportista de la empresa Primafrio que intenta llegar a Alemania.

Ante la tensa situación por la que atraviesa el sector, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió ayer, tras el consejo de ministros, que el Ejecutivo «siempre ha estado de la mano del sector primario de nuestro país, con más de 4.000 millones de euros entre ayudas y bonificaciones y con leyes como la de la cadena alimentaria» que, precisamente, el sector pide ahora modificar «para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción». El Gobierno reiteró ayer que «no hay ninguna ventaja competitiva», tras las acusaciones de competencia desleal realizadas por parte del Gobierno francés.

En Murcia, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, cree que el Gobierno de España «tiene que defender nuestra agricultura y eso solo se hace con políticas para conseguir la sostenibilidad económica y no solo la ambiental». Rubira, que ya se mostró crítica con las políticas ambientales de la Unión Europea, reclamó al Gobierno central que defienda ante Bruselas intensificar los controles en frontera. A su juicio, además, «se tienen que poner las cláusulas espejo para que todos los productos cumplan con la normativa sanitaria». Rubira cargó también contra el ministro Luis Planas por la tardanza en reaccionar ante las acusaciones del Ejecutivo galo.

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