Aeromur pierde ante el Gobierno regional en el Supremo y deberá pagar 182 millones de euros

Los magistrados de la Sección Quinta avalan la orden que dictó la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2014, entonces bajo la dirección de Juan Bernal, que obligó a Aeromur a devolver el importe al que tuvo que hacer frente la Comunidad, como avalista del préstamo que le fue concedido a Sacyr y sus socios (originariamente Cajamurcia, CAM, Cementos la Cruz, Grupo Fuertes, Grupo Monthisa e Inocsa). El consorcio recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región, que no le dio la razón, y posteriormente al Tribunal Supremo, que ha ratificado ahora el fallo de los magistrados murcianos.

Precisamente el cobro del aval desencadenó una tormenta política en la Comunidad, ya que el entonces vicepresidente Juan Bernal, en un hecho político sin precedentes, se opuso al acuerdo del Consejo de Gobierno que liberó a Aeromur de aportar de inmediato la garantía de 182 millones por el aeropuerto de Corvera que le estaba reclamando la Consejería de Hacienda en aplicación del reglamento general de recaudación. Bernal pidió que constara en acta su voto contrario, ya que la decisión que tomó el gabinete de Ramón Luis Valcárcel -que estaba renegociando con Sacyr- iba en contra del procedimiento iniciado por Hacienda para reclamar la deuda a Aeromur, como se hace con el resto de deudores de la Administración regional.

En aquel momento, la Comunidad estaba pagando 22.000 euros diarios en intereses por el préstamo que tuvo que asumir, al no hacerlo Aeromur. Coincidió con la renegociación que mantenían el Ejecutivo y Sacyr para tratar de revertir el contrato del aeropuerto que fue rescindido el año antes, todo con fin de abrir las instalaciones. Ese objetivo tampoco se logró; el Gobierno de Alberto Garre despidió a Aeromur y después abrió otro concurso que ganó Aena, la actual concesionaria.

Desde el año 2013, la batalla judicial entre Aeromur y la Comunidad ha sido larga e intensa. Sacyr ha perdido todos los recursos que presentó, tanto en el TSJ de la Región de Murcia como en el Tribunal Supremo. Está pendiente la liquidación del contrato.

La sentencia dictada el pasado día 5 es la más importante desde el punto de vista económico. Sacyr recurrió el fallo del TSJ planteando seis motivos que han sido desestimados por el Supremo, cuyos magistrados condenan a Aeromur al pago de las costas, 4.000 euros, no sin antes dejar constancia de que la anterior concesionaria «ha desplegado una intensa actividad procesal en la relación que le vincula con la Administración Autonómica de Murcia... y se han dictado ya cuatro sentencias por la Sala territorial de Murcia que no pueden ser desconocidas». El Supremo se refiere a los recursos que perdió Sacyr ante la negativa del Gobierno regional para conceder el reequilibrio económico de la concesión (Aeromur pidió más dinero para abrir el aeropuerto); a la rescisión del contrato principal y a dos recursos sobre el contrato del aval. Entre medias, hubo otras impugnaciones contra decisiones de la Comunidad, que también perdió Aeromur.

Sobre el tema de fondo, la sentencia obliga a Aeromur a abonar a las arcas autonómicas los 182,6 millones de euros, haciendo constar que el derecho al reembolso «se había pactado en el contrato». Señala, asimismo, que, con su recurso, la anterior concesionaria del aeropuerto «pretende suscitar nuevamente una reducción de sus obligaciones pecuniarias que ya han quedado decididas en aquellas decisiones jurisdiccionales», en referencia a sentencias anteriores.

Los magistrados rechazan el planteamiento de Sacyr de que existía una vinculación entre el contrato de concesión y el del aval. Queda claro que la Administración regional tenía derecho al reembolso de los 182 millones si Aeromur no devolvía el préstamo que le fue concedido para acabar las obras. No obstante, la exconcesionaria alegó, sin éxito, que no tenía que devolver ese montante si se le rescindía el contrato. Llegado ese caso, planteó que debía existir una compensación, y que solo estaba obligada a satisfacer la cantidad que efectivamente hubiera pagado la Comunidad a los bancos prestamistas -dijo que eso no estaba acreditado- por lo que no se le podía exigir la cantidad de 182,6 millones de euros.

Recalca el Tribunal Supremo que el Gobierno regional no le rescindió el contrato a Aeromur por el impago de la deuda avalada, «sino por incumplimiento de obligaciones dimanantes directamente del contrato de concesión». Concluye que la pérdida del contrato no se debía a la efectividad del aval, por lo que procede «el derecho de reembolso en su integridad».

Las otras impugnaciones de Aeromur desestimadas se refieren a la intervención en la Sala del TSJ de un magistrado que previamente se había abstenido; a una prueba de procedimiento; a dos incongruencias omisivas de la sentencia; y a criterios sobre la interpretación del contrato.

La Consejería de Fomento considera que la sentencia del tribunal Supremo sobre el aval del aeropuerto es firme y que por lo tanto va a ejecutarla para reclamar a Aeromur los 182,5 millones más los intereses del préstamo que asumió la Comunidad Autónoma. La sociedad que tenía la antigua concesión del aeropuerto de Corvera, dirigida por Sacyr, entró en concurso de acreedores el año pasado. La reclamación de la Consejería entrará por tanto en el balance concursal en concepto de deuda.