Advierten del «colapso» en los centros por el retraso en las PCR a los cuidadores

Las principales asociaciones del sector de las residencias de mayores y la discapacidad se reunieron ayer para reclamar «un protocolo ágil, sencillo y seguro que garantice que Salud Pública pueda realizar las pruebas PCR con la celeridad necesaria para que no se cree un temido colapso en el procedimiento de entrada de los trabajadores, lo que sería un gravísimo perjuicio para los mayores y personas con discapacidad que habitan en las residencias».

Ese mismo protocolo, a juicio de las asociaciones, debe recoger «si debe de haber una priorización de las pruebas entre los trabajadores en función de su exposición con los usuarios, así como la periodicidad de las pruebas PCR». Según los representantes del sector, es «importantísimo que estas pruebas estén en tiempo y forma, o de lo contrario se corre el riesgo de colapso en los centros ante la falta de incorporación de los trabajadores por no tener los resultados a tiempo para su incorporación». Diferentes fuentes consultadas volvieron a reiterar ayer el «caos» existente en muchos centros desde el martes ante la «imposibilidad de cumplir con la orden», reiteran.

Tal y como publicó LA VERDAD, esto ha llevado a muchos centros a incumplir la normativa, permitiendo la entrada de trabajadores sin la PCR, o a prestar un servicio «bajo mínimos» precisamente por ser estrictos en el cumplimiento de la norma. Entre los trabajadores de los centros que no se han realizado prueba alguna están también los vigilantes y el personal de cocina, limpieza y mantenimiento. En la reunión, a la que asistieron representantes de Adermur, Arsalu y Cermi, se trató la idoneidad de extender la realización de pruebas PCR a trabajadores y usuarios de centros de día, aunque «debe ser Salud Pública quien determine si es conveniente o no».

Las entidades reclamaron el «gasto extraordinario que está suponiendo la pandemia en relación a rotación de personal, limpieza y material de protección». Estos sobrecostes, a juicio de las asociaciones, «deben estar sufragados por las administraciones públicas con los fondos extraordinarios destinados para ello».

La vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Política Social, Isabel Franco, desmintió ayer «rotundamente» que «se haya producido la incorporación en residencias públicas de ningún trabajador sin la correspondiente prueba PCR o sin PCR negativa».

Circunscribe su afirmación a las únicas cinco residencias de la Región que gestiona directamente el IMAS, del total de 55. En estos centros, sin embargo, también hay personal trabajando sin la pertinente PCR, según varias fuentes. Es decir, que Franco no se atiene a la verdad o demuestra un desconocimiento absoluto de la realidad en el sector. La Consejería no supo solucionar ayer esta disyuntiva.