Acusan a una exdirectora del Banco de Valencia de un desfalco de 1,3 millones

Los hechos que serán enjuiciados en los próximos meses se remontan a 2010, que fue la época en la que M. J. M. G., en ese momento directora de la sucursal de Banco de Valencia en la plaza Ceballos de Murcia, comenzó a organizar supuestamente la financiación irregular de varios empresarios mediante la concesión de préstamos, líneas de descuento y expediciones de pagarés, pese a ser consciente, en apariencia, de que nunca iban a ser reintegrados.

De hecho, según sostienen el Ministerio Fiscal y la acusación particular que ejerce CaixaBank, muchos de estos productos bancarios fueron contratados a nombre de testaferros, que en no pocas ocasiones se trataba de personas en situación de necesidad a las que se les daba una pequeña compensación económica por avenirse a firmar documentos cuyo contenido desconocían. Estos 'hombres de paja' aceptaban la formalización a su nombre de líneas de descuento, préstamos personales y tarjetas de crédito, cuyo rendimiento era aprovechado directamente por cada uno de esos grupos empresariales, sin que en la mayoría de las ocasiones los titulares formales volvieran a aparecer por la entidad. En algunos casos, incluso, se llegaron a formalizar este tipo de instrumentos financieros sin el conocimiento de las personas que aparecían formalmente como contratantes, señala el escrito de acusación de la entidad damnificada.

Presuntamente, la entonces directora de la sucursal de Banco de Valencia en la plaza de Ceballos de Murcia era quien «controlaba y supervisaba el funcionamiento de la trama, aceptando descuentos bancarios sobre documentos sin firma o con firmas ilegibles, en muchas ocasiones a favor de cedentes vinculados a los clientes» de esos tres clanes empresariales. María Josefa M. G. contaba en apariencia con pagarés firmados en blanco, «a fin de organizar las remesas para obtener efectivo con el que cubrir los descubiertos de otras líneas de la trama», e incluso habría llegado a disponer de cantidades que había depositado a nombre de su madre, en una cuenta de la propia oficina, también con el aparente fin de tapar los descubiertos que iban dejando los miembros de la trama.

Las acusaciones pública y privada identifican en sus escritos de calificación al denominado 'Grupo Duque', presuntamente liderado por S. L. D. H., quien figuraba como administrador de sociedades como Hostelería Castellano Murcia SL y La Posada de Correos SL, y que llegó presuntamente a obtener, con otros miembros de su clan, una financiación presuntamente irregular por importe de hasta 90.510 euros.

También se refieren a la actividad del llamado 'Grupo Batanero', encabezado presuntamente por J. D. B. G. y que contaba con sociedades como Taxi System SL y Agencia de Recursos Comerciales SL, que, « aprovechando la relación con la directora de la oficina del Banco de Valencia y en concierto con esta, puso en funcionamiento una operativa de captación de fondos que utilizar en sus negocios. Para ello, hacía uso de personas interpuestas que prestaban, a cambio de dinero o promesas de participar en futuros negocios, sus datos, firmas y consentimiento para que se contratara a su nombre una serie de productos financieros con los que conseguir fondos».

De esa manera se habría apropiado de hasta 412.993 euros, que fueron los que perdió la entidad de crédito al no ser nunca reintegrados.

El último de los grupos supuestamente concertados con la director de la entidad era 'Tornero', a cuyo frente estaba J. T. J., quien, junto a sus colaboradores, habría obtenido financiación por importe de 782.466 euros para mercantiles como Torgram Blanca SL, El Rey de la Hostelería SL y Blanca Consultoría y Arquitectura SL.

Las penas reclamadas por CaixaBank para los integrantes de la supuesta trama delictiva suman 128 años de prisión, con una reclamación principal de seis años de cárcel para M. J. M. G., de cinco años para los principales líderes y colaboradores de los tres grupos empresariales, hasta un total de 19 encausados, y de dos años para otros 27 acusados de menor nivel.

Por su parte, el fiscal reclama también una pena de seis años de prisión para la exdirectora del banco y tres de los supuestos cerebros de la organización, pero rebaja sus peticiones para el resto a tres, dos años y medio y dos años de cárcel.