El Tribunal de Cuentas aprecia irregularidades en el pago de horas extra a los bomberos

El procedimiento afecta al entonces consejero de Presidencia del Gobierno regional, Pedro Rivera, y a cincuenta altos cargos de la Administración autonómica, alcaldes y concejales de los municipios. Todos ellos formaban el principal órgano ejecutivo del CEIS, una entidad integrada por la Comunidad y los ayuntamientos que gestiona los parques de bomberos en 43 municipios, todos menos Murcia y Cartagena, con servicio propio de extinción de incendios. La mayoría de afectados son del PP, pero también hay miembros de PSOE e incluso de Podemos. Participaron en las reuniones de julio y diciembre de 2017, en las que se acordó y autorizó el pago de estas horas extra. El acta se envía al fiscal, que decidirá si archiva la causa o abre juicio.

La investigación se inicia cuando el Tribunal de Cuentas detecta la realización y el pago de horas extraordinarias en el CEIS por encima de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, que marca un límite de 80 horas extra por trabajador al año. En el caso del Consorcio, los bomberos desarrollaron en dicho ejercicio un total de 113.432 horas fuera de la jornada ordinaria, que supusieron un desembolso de 2.364.000 euros de fondos públicos, percibidos por 333 empleados. Además, considera el Tribunal, con esta práctica también se vulneraba una disposición adicional de la propia Ley de Presupuestos regionales de 2017. La secretaria-interventora del Consorcio puso reparos a lo que se aprobaba. En concreto, realizó hasta cuatro informes contrarios durante 2017, advirtiendo de que no se podía suplir la falta de personal con horas extra por encima de lo marcado por la ley.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma presentaron alegaciones en su momento, defendiendo que el Consorcio no tuvo más remedio que obligar a los trabajadores a realizar horas extra debido a la insuficiencia de plantilla, ya que en aquella época estaban vigentes las restricciones estatales para cubrir la totalidad de plazas vacantes. En concreto, la tasa de reposición de plantilla en el Consorcio era del 100%, lo que significa que solo se podrían cubrir las vacantes que se produjeran dicho año. Es decir, que si se jubilaban dos bomberos, solo se podía contratar a dos personas. Para evitar la merma en un servicio tan esencial como la extinción de incendios, justifica la Comunidad, se hizo necesario que los bomberos tuvieran que alargar sus jornadas más tiempo del que les correspondía legalmente.

Las explicaciones del Ejecutivo regional no han debido convencer al Tribunal de Cuentas, que el pasado 17 de marzo dictó acta de liquidación provisional (paso previo al enjuiciamiento) y exige incluso a los miembros de la Junta de Gobierno del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento que aporten garantías solidarias. Es decir, que presenten un aval que demuestre que, en el caso de ser finalmente condenados por perjuicio económico a las arcas públicas de la Comunidad (que asciende a 2,3 millones de euros), estén en disposición de reintegrar las cantidades que se les reivindicara.

La Junta de Gobierno del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento en 2017 estaba presidida por Pedro Rivera, en calidad de consejero de Presidencia, y contaba con dos vicepresidentes: el entonces director general de Emergencias, José Ramón Carrasco de la Sierra, y el concejal del PP en el Ayuntamiento de Lorca Juan Miguel Bayonas. También figuraba el gerente del Consorcio Alfonso Ramón García López, y, como vocales, a los entonces directores generales Manuel Durán (Administración Local), Juan José Almela (Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones) y Roque Martínez Escandell (Asistencia Sanitaria). Asimismo, había funcionarios de la Dirección General de Medio Natural. Los 43 ayuntamientos estaban representados por el alcalde o ediles del equipo de gobierno municipal. Entre los asistentes a las reuniones de julio y diciembre de 2017 y por lo tanto implicados en el proceso del Tribunal de Cuentas, se encuentran los actuales alcaldes de Mula, Juan Jesús Moreno (PSOE); Moratalla, Jesús Amo (PSOE) y Torre-Pacheco, Antonio León (Independientes).

Algunos de los implicados, como el exconsejero Pedro Rivera, han presentado alegaciones al acta de liquidación provisional, con la esperanza de no acabar siendo enjuiciados.

No obstante, la situación podría no quedarse ahí, ya que el exceso en la realización de horas extraordinarias en el CEIS por encima lo marcado por el Estatuto de los Trabajadores se repitió en los años siguientes. En 2018, el coste de las horas extra abonadas a los bomberos ascendió a 2,5 millones de euros, 200.000 más que en 2017. No obstante, en la Ley de Presupuestos de 2019 sí que se introdujo una disposición adicional en la que autorizaba el pago de horas extraordinarias en el caso concreto del CEIS, que mantenía los mismos problemas para la reposición de las bajas en la plantilla.

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 2019 volvía a advertir de la irregularidad en el pago de horas extra en el CEIS, desvelando también que no siempre se pagaron, ya que alude a una sentencia que condenó al Consorcio a abonar las horas extraordinarias realizadas y no pagadas, más el interés moratorio, cuyo importe ascendió a tres millones.

En 2019, los bomberos dependientes del CEIS realizaron 153.256 horas adicionales, casi 40.000 más que en 2017. De estas, dice el Tribunal de Cuentas que el 75% eran «previsibles». Es decir, que no se deben a hechos sobrevenidos como la DANA. «Las principales causas de las horas extra han sido, en un 25%, la cobertura de plazas vacantes (turnos cojos); en un 22%, para cubrir bajas médicas; en un 16% corresponden a turnos de 24 horas que se hacen en el municipio costero de San Pedro del Pinatar en días libres; el 12% se producen por permisos y/o licencias; mientras que el 25% restante tienen otras causas, como horas sindicales u horas extra de refuerzo cuando hay intervenciones largas», señala el informe del Tribunal de Cuentas.