Las actuaciones aplazadas por el paro en la justicia sobrepasan ya las 9.300 en la Región de Murcia

Los juzgados encaran su sexta semana de huelga indefinida con unos perjuicios cada vez más evidentes. La cifra de actuaciones aplazadas por el paro que mantienen desde el 24 de enero los letrados de la administración de justicia (LAJ), uno de los engranajes cruciales dentro de la administración, sobrepasa ya las 9.300, según precisaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El Ministerio de Justicia tiene previsto mantener esta tarde su tercera reunión con el comité de huelga en busca de un acuerdo que permita desencallar este conflicto, que mantiene prácticamente paralizados los juzgados de la Región. En concreto, la semana pasada -del 20 al 24 de febrero- no se pudieron celebrar 767 de las vistas y juicios señalados y dejaron de practicarse 861 declaraciones y 28 diligencias fuera de la sede, según los datos recabados por el TSJ para su remisión al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El informe también recoge la incidencia del paro de estos funcionarios por jurisdicciones durante las cuatro últimas semanas. Así, en la jurisdicción civil y mercantil se suspendieron 1.110 juicios, en la penal 818, 215 en el orden social y 490 en contencioso administrativo. Además, dejaron de practicarse 608 vistas y 857 diligencias en los registros civiles.

El juicio por el ‘caso Novo Carthago’, uno de los grandes procedimientos por supuesta corrupción urbanística que han instruido los tribunales murcianos en las últimas décadas, tenía previsto arrancar este lunes en la Audiencia, pero ha quedado en el aire a la espera de una salida a la huelga que los letrados de la administración de justicia libran desde hace más de un mes. La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), una de las denunciantes iniciales del caso y que ejerce la acusación particular, lamenta la «sensación de impunidad» que proyecta esta situación. «A una justicia que se aplica veinte años después», remarca el director de la organización, Pedro García, «no se le puede llamar justicia».

Hace hincapié, además, en que «el trabajo tremendo que se hizo, en parte, se podría venir abajo sobre todo por el riesgo de que las sanciones puedan ser menores o incluso de que el caso quede en un limbo».

García subraya, además, que la resolución de este juicio es clave para el futuro del procedimiento urbanístico. «Ha habido recursos ante la negativa del Ayuntamiento de Cartagena para seguir con la tramitación para permitir el desarrollo urbanístico de la zona y es clave lo que ocurra aquí». El director de Anse subraya, además, que esta zona ha quedado fuera de los planes del Ministerio de Transición Ecológica para diseñar un cinturón verde en torno al Mar Menor porque estaba pendiente de la resolución judicial.

En este sentido, la asociación reclama que el presidente regional arroje luz sobre los planes existentes en la zona. «Debería explicar, si del juicio se concluye que no hay delito, si la comunidad permitiría que se desarrollase urbanísticamente la zona», recalca.

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